El diputado del PAN, Federico Döring, presentó este martes una queja formal ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) por las graves violaciones cometidas durante la marcha de la Generación Z el pasado 15 de noviembre.
Döring señaló que el operativo diseñado por el gobierno de la Ciudad de México no sólo obstruyó la libre manifestación y el libre tránsito, sino que generó condiciones de riesgo y confusión al restringir el acceso al Zócalo mediante vallas y cierres injustificados.
Lo anterior, señaló, provocó tumultos, pánico y la dispersión forzada de asistentes que se manifestaban de manera pacífica.
¿A quién responsabiliza Federico Döring?
El legislador acusó como autoridades responsables al secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, y al secretario de Gobierno, César Cravioto, por no garantizar las condiciones mínimas de seguridad para quienes se manifestaban y por permitir la actuación desproporcionada de cuerpos policiales.
Recordó que incluso la propia dependencia reconoció 18 incidentes potencialmente constitutivos de violaciones al protocolo y que al menos seis policías tuvieron que ser suspendidos por presuntas agresiones, incluidas agresiones a miembros de la prensa. Por su parte, organizaciones como Artículo 19 documentaron al menos 13 ataques contra periodistas, seis de ellos en la Ciudad de México.
“Las imágenes son contundentes: golpes a manifestantes sometidos, uso de agentes químicos, botellas, objetos encendidos y cohetones, así como agresiones a periodistas que solo hacían su trabajo. Nada de esto es compatible con un Estado que dice respetar derechos humanos”, expuso .
Döring advirtió que lo ocurrido el 15 de noviembre muestra la ausencia de una estrategia real para proteger a quienes ejercen su derecho a la protesta y evidenció también la posible presencia de grupos violentos o infiltrados cuyo objetivo era generar caos y justificar el uso de la fuerza.
Por ello, Federico Döring solicitó a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México:
- Emitir las recomendaciones correspondientes.
- Elaborar un Informe Especial dada la gravedad de los hechos.
- Impulsar modificaciones al Protocolo de Actuación Policial.
- Garantizar que existan mecanismos de capacitación, diferenciación y no estigmatización de la protesta pacífica.
El legislador llamó a las autoridades capitalinas a asumir su responsabilidad, garantizar atención médica a todas las personas heridas, incluidos los elementos policiales, y dejar de criminalizar la manifestación pública.
