La elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial federal encendió las alarmas sobre el valor de los votos, ya que se ha roto con los principios fundamentales de equidad y proporcionalidad electoral, al establecer distritos judiciales sin criterios técnicos ni poblacionales claros, sentenció el exconsejero del Instituto Nacional Electoral, Marco Antonio Baños Martínez.
En entrevista con la agencia AMEXI, Baños Martínez dijo que “la gran preocupación es que se está construyendo un modelo electoral para elegir juzgadores sin respetar la lógica democrática del ‘un ciudadano, un voto con el mismo valor’”.
“Aquí se están creando distritos judiciales con tamaños de población completamente desiguales, lo que distorsiona el valor del sufragio”, subrayó.
Distritos judiciales desiguales
De acuerdo con Baños, actualmente existen 32 circuitos judiciales en el país, pero la reforma propuso dividir el país en 60 distritos judiciales para efectos de la elección.
A diferencia de los distritos federales electorales —que se calculan tomando como base poblaciones similares, de unos 600 mil habitantes cada uno—, los nuevos distritos judiciales presentan grandes disparidades.
Un ejemplo extremo se encuentra en el estado de Chiapas, que con aproximadamente 4 millones de electores, constituirá un solo distrito judicial.
Mientras tanto, Colima, con apenas 760 mil votantes, también será un único distrito judicial.
“Eso significa que el voto de un colimense valdrá más de cinco veces lo que vale el voto de un chiapaneco. Es una desproporción total”, explica Baños.
En el Estado de México, que tiene 13.5 millones de electores, se dividirán tres distritos judiciales, es decir, cada uno representará alrededor de 4.2 millones de votantes.
De nuevo, el peso del voto mexiquense se diluye frente a estados con menos población pero la misma representación judicial.
El caso de la Ciudad de México
Baños también destaca el caso de la Ciudad de México, donde se han diseñado distritos judiciales altamente concentrados.
Uno de ellos, el distrito judicial de Iztapalapa, incluye únicamente esa alcaldía —la más poblada de la capital—. “Ese distrito por sí solo tiene más votantes que varios estados de la República, pero será tratado como un solo distrito judicial, igual que otros con una décima parte de su tamaño”, explica.
Con más de 1.8 millones de electores, Iztapalapa se perfila como uno de los distritos judiciales más densamente poblados del país.
“En contraste, hay distritos judiciales en otras zonas de la capital que agrupan a varias alcaldías menos pobladas, pero que también elegirán al mismo número de jueces. Eso evidencia una falta total de proporcionalidad”, añade.
Una elección sin reglas claras
Otro punto preocupante que señala Baños es la ausencia de parámetros definidos sobre cuántos cargos judiciales se elegirán por distrito, y cómo se distribuirán los votos.
“No es como en las elecciones legislativas, donde se eligen 300 diputados por mayoría relativa, uno por distrito, y 200 plurinominales. Aquí no hay claridad: el número de juzgadores por distrito varía y no hay reglas homogéneas”.
Esto, considera, podría abrir la puerta a la manipulación política, al favorecer regiones o actores con más capacidad de movilización, independientemente del peso poblacional o jurídico del distrito.
“Se está llevando al terreno electoral una función que debe mantenerse técnica y autónoma: la selección de los juzgadores”.
Peligros para la autonomía judicial
Más allá de los desequilibrios electorales, Baños alerta sobre el riesgo estructural que representa esta reforma para la independencia del Poder Judicial.
“Los jueces no deben estar sujetos a intereses de partidos ni a campañas proselitistas. Su función requiere neutralidad, conocimiento técnico y autonomía”.
Permitir que se realicen campañas para elegir jueces y magistrados, dice, politiza una función que debe mantenerse ajena a las pasiones electorales.
“Estamos hablando de abrir espacios para que intereses económicos, partidistas o incluso del crimen organizado incidan en la designación de quienes deben impartir justicia”.
Aunque el gobierno ha argumentado que se busca “democratizar” el Poder Judicial, críticos como Baños consideran que se trata de un intento de control político y debilitamiento institucional.
“No se trata de que la gente no tenga derecho a opinar sobre el Poder Judicial. Pero el diseño de esta reforma no garantiza equidad, proporcionalidad ni independencia”, concluyó.
Claves del problema
- Chiapas (4 millones de electores) = 1 distrito judicial
- Colima (760 mil electores) = 1 distrito judicial
- Estado de México (13.5 millones de electores) = 3 distritos judiciales
- CDMX: Iztapalapa (1.8 millones de electores) = 1 distrito judicial
No hay proporcionalidad poblacional ni uniformidad en el número de cargos a elegir por distrito.
