El Observatorio Electoral Judicial (OEJ) precisó que la elección judicial del pasado 1 de junio significó una erosión de la democracia desde y para favorecer al oficialismo, con efectos irreversibles por el uso de acordeones y la carencia de reglas claras.
A ello, anotó la organización civil, se sumó la falta de equidad de la contienda, el uso de recursos públicos, así como una deficiente fiscalización y falta de certeza de las autoridades electorales, encargadas de impartir justicia en la materia.
Al presentar el “Informe final sobre la integridad del proceso electoral” del 1 de junio, los integrantes del OEJ resaltaron que tan solo 394 candidaturas (de las 881 que contendieron) se vieron beneficiadas por publicidad pagada, lo que involucró entre 2.2 y 3 millones de pesos.
De esas candidaturas, 53 buscaron un lugar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y “varias de ellas quedaron beneficiadas al final de la contienda, como Lenia Batres, Loreta Ortiz y Yasmín Esquivel, entre otras”, dijo Luis Hernández, director ejecutivo de Práctica: Laboratorio para la Democracia.
Recordó que ni el Instituto Nacional Electoral (INE) ni el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) retomaron estas evidencias que le fueron entregadas por diversas asociaciones, a pesar de que se trata de infracciones a la ley electoral.
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Acordeones regresaron al país a los setenta u ochenta
Arturo Espinosa Silis, director de Laboratorio Electoral, lamentó que se justificara el uso de acordeones, debido a que “no hubo pruebas suficientes. Esa es a la regresión a la que nos estamos refiriendo. Serían comparables a las regresiones del inicio de los setenta y ochenta”.
Resaltó que ninguna elección con el 13% de participación ciudadana y el 20% de los votos nulos podría llamarse exitosa. “Creo que ahí es donde está la regresión”, lanzó.
A todas las organizaciones y en general a todo el país, añadió, debiera preocupar que el nivel que tuvieron las elecciones del 1 de junio se replique en próximos comicios judiciales y/o electorales.
Es decir, con la mitad del presupuesto y de las casillas, sin condiciones de equidad y con el aparato administrativo y público definiendo los resultados a partir de la coacción del voto.
Retroceso histórico
“La elección judicial de 2025 fue un retroceso histórico. De fondo y de forma. Sustantivamente, fue un eslabón clave de una mal llamada reforma judicial que no buscaba mejorar la justicia, sino purgar, capturar y debilitar a los poderes judiciales del país”, indicó el investigador Javier Martín Reyes, del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.
“El objetivo fue claro: eliminar contrapesos, concentrar el poder, dejar como herencia un régimen más autoritario. Pero el retroceso también fue procedimental. Lo digo sin rodeos: esta fue —y no es exageración— la primera elección, desde la transición democrática, que no puede calificarse como democrática”, refirió en el prólogo del texto.
Rumbo al 2027, año en el que se elegirá la mitad de los jueces
Tania Ramírez, de la organización civil Disentir también se refirió a los retrocesos que dejó la elección judicial:
- Daño a la democracia electoral que puede ser irreversible, al romper los principios de equidad, certeza y legalidad.
- Desacato sistemático de las autoridades electorales para suspender algunas partes del proceso judicial.
Susana Camacho, coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa, denunció la falta de pulcritud del proceso judicial, lo que, dijo, evitó que las autoridades estuvieran a la altura de las circunstancias que demandaban una contienda inédita.
“Se bajó la calidad de las elecciones y, a partir del 1 de septiembre, se verá el nivel de calidad de la justicia”, anticipó.
Sobre el diseño de las boletas para elegir a las 881 candidaturas, destacó que estas evidenciaron que fueron sumamente confusas y dejaron en la inequidad a quienes competían por los diversos cargos.
Recomendaciones
En el Informe, las organizaciones civiles realizaron las siguientes recomendaciones para futuros comicios judiciales:
- Reformar el marco legal con participación plural, garantizando tiempos realistas, procedimientos claros y consulta ciudadana.
- Establecer reglas uniformes y transparentes para la evaluación de candidaturas, asegurando la idoneidad, independencia y trayectoria de las personas postulantes.
- Diseñar boletas claras y accesibles, que permitan ejercer el voto de manera informada y equitativa.
- Fortalecer la autonomía presupuestal y técnica del INE y los OPLEs, asegurando recursos suficientes para elecciones judiciales.
- Garantizar el respeto a resoluciones judiciales, restaurando la confianza en el estado de derecho y en las instituciones democráticas.