México cerró 2024 con más presupuesto y personal en materia forense, pero las brechas de infraestructura, la falta de certificaciones y la incapacidad de resguardo mantienen al sistema en crisis.
De acuerdo con el Censo Nacional de Servicios Periciales y/o Servicio Médico Forense 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el país enfrenta un escenario contradictorio.
Señala que mientras algunos estados concentran recursos millonarios, otros operan prácticamente sin capacidad para procesar evidencias ni conservar cuerpos.
Para Zoraida García Castillo, directora de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses de la UNAM, se trata de un problema estructural que amenaza tanto la impartición de justicia como el derecho de las familias a la identificación de sus seres queridos.
“Seguimos viviendo en una crisis forense. No es sólo carga de trabajo: es el cúmulo de cadáveres que llegan a los servicios forenses y que no se pueden restituir porque no contamos con bases de datos ni con los insumos suficientes para identificarlos. Cada año, el rezago crece”, dijo en entrevista.
Presupuesto desigual y falta de transparencia
En 2024, el gasto nacional en servicios forenses ascendió a cuatro mil 629 millones de pesos.
Sin embargo, la distribución es profundamente desigual: Nuevo León, Estado de México y Jalisco superan los 400 millones cada uno, en tanto que Hidalgo, Campeche y Tlaxcala apenas reportan 15 millones o menos.
Incluso, existen unidades que desconocen su asignación porque dependen de otras áreas administrativas, lo que refleja falta de transparencia en el manejo de fondos.
“En estados del Bajío, con altísimas tasas de violencia y desapariciones, la inversión es mínima. Eso debería ser un foco de alarma para las autoridades federales”, sostuvo García Castillo.
Laboratorios sin estándares
El Inegi reporta 937 laboratorios forenses en el país, pero apenas 204 cuentan con pólizas de mantenimiento y menos de 180 tienen certificaciones de calidad.
Esto significa que más de 80% carece de garantías técnicas, lo que afecta la validez de los dictámenes periciales y abre la puerta a errores o impugnaciones en tribunales.
“La certificación garantiza resultados con metodologías estandarizadas y repetibles. Sin ella, las pruebas pierden fuerza probatoria y los jueces pueden restarles valor. Sin inversión en equipamiento e insumos, el riesgo es enorme”, sostuvo la académica.
Resguardo insuficiente: cadáveres y evidencias
El censo revela que, aunque existen ocho mil 079 cámaras de frío en todo el país, su distribución es desigual, toda vez que Jalisco concentra más de mil 200, mientras que Hidalgo no reportó ninguna.
La misma inequidad se observa en las osteotecas para restos óseos: el Centro Regional de Identificación Humana en Coahuila tiene dos mil espacios, pero varios estados carecen por completo de esta infraestructura.
“Cuando no hay resguardo suficiente, terminamos con prácticas indebidas como la ocurrida en Jalisco, donde los cuerpos se almacenaron en tráileres. Eso no debería repetirse jamás”, señaló García Castillo.
En cuanto a evidencias, el país apenas cuenta con 76 bodegas especializadas, 17 de ellas en la Ciudad de México. La mayoría de las entidades carece de espacios para resguardar indicios sin comprometer la cadena de custodia.
Ambulancias, saturación y rezago
México dispone de 328 ambulancias forenses concentradas en estados como Guanajuato y Jalisco, mientras que gran parte del país no reporta ninguna, lo que retrasa traslados y pone en riesgo las investigaciones.
El volumen de trabajo también es crítico, ya que en 2024 se recibieron cinco millones de solicitudes de intervención pericial, de las cuales 557 mil 962 quedaron pendientes.
Según García Castillo, la crisis se profundiza porque los cuerpos se acumulan sin identificarse.
“En 2024 ingresaron más de 100 mil cadáveres a los servicios forenses, pero siete mil 174 quedaron sin nombre. Ese rezago se arrastra año con año”, subrayó.
Autonomía pendiente
La especialista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al país en el caso de Digna Ochoa, al ordenar que los servicios forenses fueran autónomos e independientes de fiscalías y tribunales.
“Esa sentencia no se ha cumplido. Los servicios forenses siguen dependiendo de las fiscalías, lo que los hace vulnerables a presiones e instrucciones. Sin autonomía técnica y presupuestal no podrán tener fortaleza científica ni credibilidad social”, expuso.
El papel de la UNAM
Desde la UNAM, la Escuela Nacional de Ciencias Forenses busca atender la emergencia formando especialistas en disciplinas como medicina, antropología, odontología, toxicología y genética.
“México tiene un déficit enorme de peritos frente a la demanda. Estamos formando científicas y científicos desde el pregrado, con visión interdisciplinaria y líneas de investigación en identificación de personas. El objetivo es que el análisis científico realmente sirva a la justicia”, destacó García Castillo.
Deficiencias institucionales
El informe del Inegi y las advertencias de la UNAM convergen en un diagnóstico: el sistema forense mexicano sigue atrapado entre la alta demanda y las deficiencias estructurales.
Mientras algunos estados han invertido en infraestructura y equipamiento, otros operan con presupuestos mínimos, laboratorios sin certificaciones y sin espacios básicos de resguardo.
“El camino no es sencillo, pero es claro: invertir en autonomía, infraestructura y bases de datos nacionales. De lo contrario, la crisis forense seguirá siendo el rostro más crudo de la impunidad en México”, puntualizó Zoraida García.
