En México se contará con un registro público de abusadores sexuales, para impedir su contratación en las escuelas o que los empleados con procesos penales continúen laborando en ellas, a fin de proteger a niños, niñas y adolescentes.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció además la separación estricta de sanitarios para niñas, niños y docentes; también se removerán las viviendas de los conserjes del interior de los planteles, y se aplicarán medidas de capacitación, detección, atención y seguimiento.
El anuncio se realizó el 28 de agosto en el acto de disculpa pública por la actuación irregular del Estado en los abusos sexuales cometidos por servidores públicos contra niñas y niños en el Jardín de Niños Marcelino de Champagnat, ocurridos entre agosto y octubre de 2018.
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Mario Delgado anuncia más medidas
El acto fue encabezado por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, quien anunció medidas para prevenir que hechos similares se repitan, entre ellas:
- Revisión de protocolos de acceso a los planteles
- Desarrollo de sistemas de identificación de escuelas y responsables de violaciones a derechos humanos
- Creación de un registro público de abusadores para impedir su contratación en otros centros escolares
- Separación estricta de sanitarios para niñas, niños y docentes
- Cambios administrativos para que empleados con procesos penales no continúen laborando en escuelas
- Remoción de las viviendas de los conserjes
Capacitación, detección, atención y seguimiento de casos
“Refrendamos nuestro compromiso con la seguridad, la justicia y la reparación integral de las víctimas, y trabajaremos con ética, sensibilidad y responsabilidad para cuidar de las infancias y garantizar espacios más seguros con la finalidad de que estos hechos tan lamentables no se repitan en ninguna escuela”, recalcó.
El titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), Luciano Concheiro Bórquez, reiteró la disculpa pública por estos lamentables hechos y anunció medidas de capacitación, detección, atención y seguimiento, reafirmando la obligación del Estado de proteger la vida, la integridad y la educación de niñas, niños y adolescentes.
SEP, declarada penalmente culpable por no proteger a los niños adecuadamente
Cabe señalar que el 16 de octubre de 2018, madres y padres de familia se manifestaron en la alcaldía Gustavo A. Madero para denunciar abusos sexuales en contra de menores de edad, cometidos por Ramón Morales Jacobo, asistente técnico pedagógico en dicha escuela.
La autoridad federal tomó el caso por el delito de abuso sexual cometido en agravio de 20 alumnos y hasta el 29 de diciembre de 2021, un juez federal de Juicio Oral con sede en el Reclusorio Sur sentenció a 494 años y nueve meses de prisión a Ramón Morales Jacobo, por agresión sexual a 17 infantes.
Impuso una multa de 3 millones de pesos y una reparación del daño superior a los 24 millones 650 mil pesos, que tendrían que ser cubiertos por la SEP, luego de que la dependencia fue declarada penalmente culpable por no proteger a los niños adecuadamente.
La dependencia deberá reparar con becas educativas, apoyo psicológico, acceso a la vivienda y ofrecer una disculpa pública.
También todas las escuelas de nivel básico y autoridades educativas están obligadas a destinar un día del ciclo escolar para hablar sobre abuso sexual a partir del 8 de septiembre de 2025 y desarrollar programas enfocados en la protección de niñas y niños.
México, con mayor incidencia de abuso sexual de menores en escuelas
México es el país con mayor incidencia de abuso sexual infantil entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con más de 4.5 millones de menores afectados anualmente.
Además de ello, resaltan casos del dominio público, donde se señala la protección y encubrimiento de grupos, como los Legionarios de Cristo, a abusadores de niños en sus planteles escolares, en cuyos casos, incluso históricos, el gobierno de México nada ha hecho y ha solapado la impunidad.
Un reporte de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI), titulado “Es un secreto. La explotación sexual infantil en escuelas”, documenta casos de violencia sexual extrema en escuelas públicas y privadas.
Además de Ciudad de México, en el Estado de México, Baja California, Morelos, San Luis Potosí y Oaxaca resalta este crimen y el reporte detalla patrones de abuso perpetrados por maestros, directivos, personal administrativo e incluso trabajadores de intendencia.
Expone casos de niños de entre tres y siete años, agredidos dentro de las instalaciones escolares o trasladados fuera de los planteles para ser sometidos a actos de abuso sexual.
Se registran acciones como tocamientos por adultos, menores forzados a tocarse entre ellos; violación equiparada; agresiones físicas, y sumisión a presenciar actos sexuales entre adultos.
Obligación de proteger a los menores
El reporte “Es un secreto. La explotación sexual infantil en escuelas” no solo expone la gravedad de los abusos, sino que también evidencia la falta de mecanismos efectivos para prevenirlos y sancionarlos.
El Senado de la República emitió un exhorto al Poder Ejecutivo Federal y las secretarías para que se evalúen las acciones destinadas a prevenir, identificar, tratar y sancionar la violencia sexual contra niños y adolescentes.
Específicamente a la SEP federal y en los estados, para aplicar medidas de prevención y atención en los planteles y cumplir las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
