México enfrenta un deterioro preocupante en materia de libertad religiosa, debido al impacto del crimen organizado, la impunidad institucional y la corrupción, factores que colocan al país en la categoría de “discriminación”, alertó la organización Aid to the Church in Need (ACN).
En su más reciente informe Libertad Religiosa en el Mundo 2025, la fundación pontificia que apoya a la Iglesia católica documenta asesinatos, extorsiones y profanaciones cometidos contra sacerdotes, pastores y comunidades religiosas.
Refiere que en los últimos seis años fueron asesinados 10 sacerdotes y otros 10 resultaron víctimas de violencia, además de registrarse más de 900 episodios de extorsión y ataques a templos.
Violencia contra líderes religiosos y comunidades de fe
Detalla que en 2023 y 2024 se contabilizaron los asesinatos de tres sacerdotes, entre ellos los padres Javier García (Michoacán), José Angulo Fonseca (Jalisco) y Marcelo Pérez (Chiapas), éste último, reconocido por su activismo indígena.
Señala que los ataques también alcanzan a catequistas, monaguillos y feligreses, quienes han sido asesinados durante procesiones y actos religiosos, como los casos recientes en Guanajuato, Veracruz, San Luis Potosí, Coahuila y Sinaloa, donde se registraron profanaciones, robos y vandalismo en templos.
Crimen organizado y corrupción
El documento de ACN indica que grupos criminales extorsionan parroquias y secuestran o asesinan a líderes religiosos para imponer control territorial.
Según el Centro Católico Multimedial (CCM), “el crimen organizado ha introducido una cultura de corrupción y muerte que conduce a la desintegración social”.
En marzo de 2025, la Conferencia del Episcopado Mexicano condenó el hallazgo de un campo de exterminio vinculado a un cártel del narcotráfico, donde se localizaron los restos de unas 200 personas, y calificó el hecho como muestra de “la omisión irresponsable de las autoridades”.
Impunidad e indiferencia del Estado
En su informe, la organización sostiene que el Estado mexicano no garantiza la protección de los líderes religiosos ni castiga los delitos, aunado a que la ausencia de justicia y el deterioro constante de la seguridad alimentan un clima de miedo y censura.
Aunque la Constitución garantiza la libertad religiosa, ACN advierte que “en la práctica este derecho está gravemente amenazado”.
La laicidad del Estado, expone, se utiliza en ocasiones para restringir la participación social o espiritual de las iglesias, lo que vulnera derechos fundamentales.
Marco legal y derechos
México protege la libertad religiosa en su Constitución y en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público (LARCP), que garantiza el derecho a profesar, practicar y difundir la fe, así como a fundar instituciones educativas o asistenciales.
No obstante, la misma ley prohíbe al clero ocupar cargos públicos o participar en actividades políticas y reconoce la objeción de conciencia, aunque la Suprema Corte ha pedido al Congreso regular su ejercicio para evitar abusos.
Laicidad, política y controversias
El informe también menciona controversias sobre la separación Iglesia-Estado, como el uso de símbolos religiosos en campañas políticas, el financiamiento público a nacimientos navideños y los debates sobre la “Nueva Escuela Mexicana”.
Refiere que en octubre de 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó el compromiso de su gobierno con la libertad de prensa, religiosa y sexual.
Llamado a las autoridades
ACN enfatiza que México vive una situación “de riesgo creciente” para quienes defienden la fe y los derechos humanos, por lo que demanda al Estado garantizar la seguridad de ministros, laicos y comunidades religiosas, y fortalecer las políticas de justicia ante la violencia e impunidad que amenazan la libertad religiosa en el país.
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