Ciudad de México, 21 may. (AMEXI).- En México se ha instaurado la práctica de usar el sistema penal de manera arbitraria, el espionaje y la criminalización contra quienes denuncian e investigan violaciones a derechos humanos, y que acompañan a las víctimas en su búsqueda de justicia, verdad y reparación integral del daño.
Así concluyó Amnistía Internacional México en su informe “Perseguidas: criminalización de mujeres defensoras de derechos humanos en México”, que documenta los casos de la abogada Ana Lorena Delgadillo Pérez, la periodista Marcela Turati Muñoz y la antropóloga forense Mercedes Doretti.
Acusar sin probar
Señala que estas tres defensoras fueron sujeto de una investigación indebida y espionaje por parte del Estado mexicano por los presuntos delitos de delincuencia organizada y secuestro, sin las evidencias suficientes que mostraran su relación con alguno de los supuestos ilícitos referidos.
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La investigación y el espionaje ocurrieron cuando las tres defensoras trabajaban, desde sus distintas disciplinas, para esclarecer las masacres de personas de diversas nacionalidades halladas en agosto de 2010 y abril de 2011 en San Fernando, Tamaulipas.
Aunque la investigación y el espionaje datan de 2016, Amnistía Internacional expone que a la fecha se desconoce si ambos continúan.
Esta incertidumbre, que se mantiene desde hace ocho años, ha puesto a las tres defensoras de derechos humanos en una situación de indefensión, pues existe la amenaza constante de que continúe el uso indebido del sistema de justicia y sean investigadas sin que se garanticen las normas básicas del debido proceso.
Amnistía Internacional destaca que ha advertido con alarma y en diversas ocasiones, que en México se vive una grave crisis de derechos humanos.
“En este contexto, el caso de Ana Lorena, Marcela y Mercedes es emblemático por la forma en que el Estado mexicano usa el sistema penal de manera arbitraria para perseguir a las personas defensoras, amedrentarlas y criminalizarlas”, dijo Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.
La persecisión genera temor a las acusadas y a otros defensores de derechos humanos
Señaló que, con estas acciones persecutorias, “las autoridades mexicanas generan temor no sólo a las tres mujeres defensoras, sino también a otras personas defensoras de derechos humanos que están en todo su derecho de contribuir con su trabajo a la vigencia de los mismos”.
Indica que las autoridades responsables del espionaje y la investigación pertenecen a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), ahora Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la actual Fiscalía General de la República (FGR), quienes contaron con autorización de altos niveles jerárquicos de la entonces PGR.
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Amnistía Internacional lamentó que hasta el momento ningún funcionario ha sido investigado por las presuntas violaciones a derechos humanos detalladas en este informe.
