El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal contra Naasón Joaquín García, líder de la Iglesia La Luz del Mundo (LLDM).
Además, las autoridades detuvieron a cinco personas más por integrar una amplia red de crimen organizado que durante décadas habría cometido abusos sexuales, además de delitos financieros y de encubrimiento.
De acuerdo con la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, los acusados conformaban la llamada “Empresa Joaquín LLDM”, que operó para Joaquín García y de su padre, el fallecido Samuel Joaquín Flores.
Los cargos incluyen tráfico sexual, pornografía infantil, trabajo forzoso y transacciones financieras ilegales.
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Detenciones y prófugos
Naasón Joaquín, quien cumple condena estatal por abuso sexual de menores en California, está detenido nuevamente en la prisión de Chino.
A Eva García de Joaquín, madre del líder religioso, la arrestaron en Los Ángeles, mientras que Joram Núñez Joaquín cayó en Chicago. Tres de los acusados –Rosa Sosa, Azalia Rangel García y Silem García Peña– permanecen prófugos y se cree que se encuentran en México. El gobierno estadunidense solicitará su extradición.
Abusos bajo la fachada religiosa
La acusación establece que la organización usó la doctrina de la iglesia para manipular a los feligreses desde su infancia y someterlos bajo una obediencia absoluta, asegurando que serían condenados si cuestionaban al líder.
“El presunto ciclo de victimización termina hoy”, afirmó el agente especial de HSI en Nueva York, Ricky J. Patel, al destacar la valentía de las víctimas que colaboraron en la investigación.
Un legado de abusos
El Departamento de Justicia subrayó que la explotación sexual dentro de La Luz del Mundo se remonta al fundador de la iglesia, Eusebio Joaquín González (“Aarón”), y continuó con su hijo Samuel Joaquín Flores y ahora con Naasón Joaquín García.
La acusación detalla además que cómplices cercanos, incluyendo a la propia madre y colaboradores de confianza, “acicalaban” a niñas y adolescentes para que fueran víctimas de los abusos.
En paralelo, se intimidaba a quienes intentaban denunciar y se destruían pruebas –desde archivos y dispositivos electrónicos hasta testimonios manipulados bajo presión– para impedir la acción de la justicia.
Investigación en curso
La Fiscalía estadunidense pidió la colaboración de posibles víctimas o personas con información sobre la red, y advirtió que los acusados se presumen inocentes hasta que un juez determine lo contrario.
