La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso este lunes sanciones contra ocho ciudadanos mexicanos y 12 empresas con sede en México, por su presunta colaboración con la facción Los Chapitos del Cártel de Sinaloa en el tráfico de precursores químicos utilizados para la producción de fentanilo.
De acuerdo con un comunicado, los sancionados forman parte de una red que suministra insumos químicos ilícitos al cártel, designado como organización terrorista extranjera por el gobierno del presidente Donald Trump.
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Vinculados con Los Chapitos
Los individuos sancionados son los hermanos Víctor Andrés, Francisco, Jorge Luis y María Gabriela Favela López, así como Jairo Verdugo Araujo (esposo de María Gabriela), Gilberto Gallardo García (casado con otra hermana de los Favela López), César Elías López Araujo (testaferro de Víctor Andrés) y Martha Emilia Conde Uraga, identificada como intermediaria química con operaciones en Culiacán.
Víctor Andrés Favela, exbeisbolista y exgerente deportivo de los Saraperos de Saltillo, junto con sus hermanos, habría continuado operando tras las sanciones impuestas en mayo de 2023 contra su empresa Sumilab, retirando los letreros visibles, pero manteniendo el suministro de precursores químicos al cártel.
Las empresas sancionadas
Las empresas vinculadas a la familia Favela López sancionadas incluyen: Sumilab, Agrolaren, Viand, Favelab, Favela Pro (Fagalab), Qui Lab y Storelab.
En tanto, a Conde Uraga la acusan de utilizar facturas fraudulentas y otros métodos de ocultamiento para abastecer de químicos a laboratorios afiliados a Los Chapitos.
Las empresas relacionadas con ella que fueron sancionadas son: Comercial Viosma del Noroeste, Prolimph Químicos en General, Proveedora de Servicios de Salud Mental del Pacífico y Roco del Pacífico Inmobiliaria.
El subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, subrayó que más de 500 mil estadunidenses han muerto por intoxicación con fentanilo, y reiteró que detener el flujo de drogas hacia Estados Unidos es una prioridad de seguridad nacional para el presidente Trump.
Como consecuencia de estas sanciones, todos los bienes e intereses de las personas y entidades designadas que se encuentren en territorio estadunidense o bajo control de ciudadanos estadunidenses quedan bloqueados.
Además, se prohíben todas las transacciones con dichas personas o empresas, salvo autorización expresa de la OFAC.
Esta acción forma parte de los esfuerzos del gobierno estadounidense para desarticular las redes de producción y distribución de drogas sintéticas que han generado una crisis de salud pública en ese país.