La Fiscalía General de la República (FGR) determinó que el descarrilamiento del Tren Interoceánico, en el que murieron 14 personas y más de 100 resultaron lesionadas, fue consecuencia del exceso de velocidad y de omisiones por parte del personal operativo.
“La correlación de los fallecimientos y las lesiones se derivó del exceso de velocidad negligente atribuible al maquinista, así como de la omisión del conductor y del jefe de despacho para evitarlo”, informó la fiscal general, Ernestina Godoy Ramos.
Tras integrar cuatro carpetas de investigación, el Ministerio Público acreditó la comisión de los delitos de homicidio y lesiones culposas, por lo que se judicializó el caso y se obtuvieron órdenes de aprehensión contra los tres implicados, quienes ya fueron vinculados a proceso.
La investigación «exhaustiva y multidisciplinaria»
Godoy Ramos aseguró que la investigación fue exhaustiva y multidisciplinaria. “Hemos dispuesto de todas las capacidades institucionales para llegar a la verdad de los hechos, obtener justicia, reparar el daño y evitar la impunidad”, afirmó.
Detalló que en las indagatorias participaron 336 servidores públicos, entre agentes del Ministerio Público, peritos, policías ministeriales y facilitadores, y que además se realizaron 230 dictámenes periciales en áreas como ingeniería civil, mecánica, criminalística, medicina forense, genética, informática y seguridad industrial.
Como parte de los trabajos, abundó, se analizaron las llamadas “cajas negras” del tren, se revisaron los reglamentos ferroviarios, los registros de operación del día del accidente y la capacitación de los operadores y se realizaron inspecciones físicas en la vía, locomotoras y vagones.
La funcionaria indicó que los resultados descartaron fallas en la infraestructura ferroviaria y que se comprobó que la vía, durmientes, fijaciones y balasto cumplen con la norma.
Asimismo, sostuvo que los trenes y sus componentes “estaban en condiciones normales de uso y mantenimiento”.
La fiscal rechazó que existan responsabilidades por corrupción o irregularidades administrativas en contratos públicos vinculados al proyecto ferroviario y que “en todos los casos, sin observaciones penales que denunciar”.
En cuanto a la atención a víctimas, Godoy Ramos informó que 145 personas -114 adultos y 31 menores de edad- han recibido reparación integral del daño mediante acuerdos reparatorios. “Las personas agraviadas optaron por concluir el conflicto a través de la justicia alternativa”, apuntó.
Este mecanismo permite una solución más rápida y menos desgastante para las víctimas, al tiempo que extingue la acción penal conforme a la ley, puntualizó.
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