El coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira Valdez exige que se den apoyos de inmediato a las víctimas de 20 estados del país, por la violencia a consecuencia del operativo en Jalisco.
El pasado 22 de febrero, en un operativo de fuerzas militares y federales en Jalisco, se abatió a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que desató actos violentos en diferentes estados del país.
En este sentido, legislador del PRI puntualiza que la población civil resultó ser víctima de la:
- Toma ilegal de autos
- Quema de locales comerciales
- Y bloqueos carreteros
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¿Cómo deben resolverse las reclamaciones?
El diputado del PRI, señala que las reclamaciones deben resolverse conforme a derecho y sin reclasificaciones técnicas que, en la práctica, terminan favoreciendo a las aseguradoras y perjudicando a los ciudadanos.
A través de un Punto de Acuerdo publicado en la Gaceta Parlamentaria, Moreira Valdez exige a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y a los órganos supervisores del sector asegurador implementar programas de acompañamiento real, no meramente formales, para quienes perdieron en esos actos delictivos:
- Bienes,
- Muebles
- E inmuebles
También urge a la Secretaría de Economía y a las autoridades estatales y municipales a diseñar un programa emergente de apoyo a pequeños comercios y negocios locales.
Precisa que la prioridad debe ser la micro y pequeñas empresas, que hoy cargan con las consecuencias de una crisis de seguridad que no provocaron.
¿Qué solicita en el punto de acuerdo?
Asimismo, el congresista solicita exhortar a que se suspendan el cobro de contribuciones a diversas instituciones como:
- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
- Al Servicio de Administración Tributaria (SAT)
- Al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
- Y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (ISSSTE)
Además, los exhorta a otorgar prórrogas temporales en el cumplimiento de obligaciones fiscales y de seguridad social para las personas físicas con actividad empresarial y empresas, beneficiando preferentemente a micro, pequeños y medianos negocios.
De igual manera, pide llamar a la FGR y a las 20 fiscalías de los estados afectados, para que agilicen las investigaciones, recordando que sin documentación oficial las víctimas no podrán sustentar sus reclamaciones ante las aseguradoras.
El Estado no debe limitarse
El exgobernador de Coahuila asegura que el Estado mexicano no puede limitarse a celebrar un golpe estratégico al crimen organizado sin asumir plenamente las consecuencias sociales y económicas que derivan de las reacciones violentas que dicho operativo generó.
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La seguridad pública, dijo, no puede medirse únicamente por la captura o abatimiento de objetivos prioritarios; también debe evaluarse por la capacidad institucional de proteger el patrimonio y la estabilidad de las familias que quedan atrapadas en la espiral de violencia.
“No es aceptable que cientos de ciudadanos que fueron víctimas de despojo violento hoy enfrenten una segunda batalla, ahora en el ámbito administrativo y asegurador, para poder recuperar lo que legítimamente contrataron y pagaron”, destaca el diputado del PRI.
Moreira señala que la excepcionalidad reconocida por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) confirma que se trata de un fenómeno extraordinario.
Por ello, y ante circunstancias extraordinarias, la respuesta del Estado debe ser igualmente extraordinaria.
“Se requiere supervisión efectiva, acompañamiento institucional y certeza jurídica para garantizar que ninguna familia quede desprotegida por interpretaciones restrictivas o reclasificaciones técnicas que desconozcan la verdadera naturaleza de los hechos”, concluye el legislador del PRI.
