Los indicadores oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reflejan una compleja dinámica de delitos de alto impacto en 2025, con avances en algunos rubros y retrocesos preocupantes en otros.
De acuerdo con el reporte de incidencia delictiva con corte a noviembre de 2025, el delito de extorsión registró un incremento de 23.1% en el país, aun cuando se implementaron estrategias específicas para combatirlo.
Por otro lado, los homicidios dolosos presentan una tendencia a la baja, con reducciones significativas en algunos periodos comparados con años anteriores, según las cifras oficiales que permiten contrastar distintos lapsos de 2024 y 2025.
En materia de violencia contra las mujeres, los datos también muestran disminuciones en el total de feminicidios en el seguimiento interanual, aunque persiste la concentración de este delito en múltiples municipios del país, donde las condiciones sociales y la violencia estructural mantienen focos rojos a nivel local.
Especialistas en seguridad pública señalan que, pese a algunos avances estadísticos, la realidad operativa y social marca desafíos que van más allá de los números: subdeclaración, falta de denuncias formales y percepción de impunidad influyen en la cifra negra de delitos como extorsión y violencia de género, que dificulta evaluaciones claras de tendencia real.
Retos y desafíos en materia de seguridad
Analistas y autoridades coinciden en que la criminalidad organizada diversifica sus estrategias, empleando la extorsión como una fuente de ingresos alterna al narcotráfico tradicional, lo que exige un fortalecimiento institucional en investigación y persecución.
Asimismo, subrayan la necesidad de políticas públicas integrales que incluyan prevención social, capacitación de fuerzas de seguridad locales y una coordinación efectiva entre fiscalías y cuerpos policiales de los distintos estados, ante la persistencia de violencia estructural en regiones con altos índices delictivos.
A pesar de los recientes avances en la disponibilidad de datos abiertos y transparencia estadística, el reto sigue siendo traducir cifras en políticas públicas eficaces para revertir las causas profundas de la inseguridad que afectan a millones de mexicanos.
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