La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que la Fiscalía General de la República (FGR) ya fue requerida para intervenir en el derrame de hidrocarburo registrado en costas nacionales, al señalar que existen elementos que podrían configurar un delito penal.
“Le pedimos a la fiscalía que pudiera intervenir porque, finalmente, ya hay delito penal”, declaró la mandataria, al enfatizar la necesidad de determinar con certeza a los responsables del incidente y las consecuencias jurídicas correspondientes.
Sheinbaum aclaró que el derrame no fue provocado por Petróleos Mexicanos (Pemex), sino por un barco perteneciente a una empresa privada. No obstante, indicó que la empresa productiva del Estado participa activamente en las labores de mitigación ambiental. “No es derrame de Pemex, pero Pemex está haciendo todo para la limpieza del océano y las playas”, subrayó.
Derrame de hidrocarburos en Veracruz
En ese sentido, informó que instruyó al director general de Pemex a trasladarse personalmente a la zona afectada para supervisar las acciones de contención y evaluar la necesidad de destinar más recursos. “Le pedí al director de Pemex que se fuera él personalmente a ver cómo está la situación y ver si se requieren más recursos para avanzar todavía más en la limpieza”, explicó.
La presidenta también mencionó que se analiza un evento adicional ocurrido en las inmediaciones de la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, que “pudo haber tenido alguna implicación en el derrame”, aunque insistió en que se trata de un hecho menor frente al incidente principal. “En todo caso es menor; lo principal fue un barco de una empresa que tuvo ese derrame”, puntualizó.
Sanciones institucionales y apoyo a los afectados
Sobre la respuesta institucional, Sheinbaum detalló que participan la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), además de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), cuyas autoridades ya se encuentran en la zona para realizar inspecciones y determinar responsabilidades.
“Están la Profepa y también la Semarnat, y todo el recurso que sea necesario”, afirmó, al añadir que las sanciones administrativas corresponderán a dichas instancias, mientras que la FGR atenderá el ámbito penal. “Las consecuencias que esto implica en términos administrativos serían de la Profepa e, incluso, penales, que sería la fiscalía”, reiteró.
En paralelo, el gobierno federal evalúa posibles apoyos para los pescadores afectados por el derrame, aunque dejó en claro que la empresa responsable deberá asumir los costos de los daños ocasionados. “Puede haber un apoyo, pero la empresa tiene que resarcir, evidentemente, los daños”, sostuvo.
Finalmente, la mandataria indicó que su administración mantiene un seguimiento puntual del caso y que se fortalecerán las inspecciones en la zona. Señaló que solicitó un informe actualizado a las dependencias involucradas y que se ampliará el reconocimiento en campo, lo cual incluye el diálogo directo con las comunidades afectadas.
“Voy revisando y atendiendo; me van a presentar hoy una tarjeta con la información, pero les pedí que todavía hicieran un reconocimiento mayor y que hablaran con los pescadores”, concluyó.
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