La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo evitó emitir una opinión sobre la decisión judicial que permitió al exboxeador Julio César Chávez Jr. continuar su proceso penal en libertad condicional.
A Chávez Jr. lo vincularon a proceso por presuntos delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas.
A pregunta expresa de los representantes de los medios de comunicación en la Mañanera del Pueblo, sobre este tema, la presidenta respondió escuetamente:
“Bueno, pues fue lo que decidió el juez… hasta ahí”.
El juez federal Enrique Hernández Miranda, el sábado 23 de agosto, autorizó que Chávez Jr. abandonara el Centro Federal de Readaptación Social No. 11, en Hermosillo, Sonora, donde se encontraba recluido desde su deportación desde Estados Unidos el pasado 18 de agosto.
El asunto compete exclusivamente al Poder Judicial: Sheinbaum
Ante la insistencia de la prensa sobre si la medida cautelar podría resultar controvertida, Sheinbaum reiteró que se trata de un asunto que compete exclusivamente al Poder Judicial y a la Fiscalía General de la República (FGR).
“La Fiscalía es responsable de dar continuidad al caso”, señaló, sin emitir juicios sobre la pertinencia de la decisión judicial.
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¿Quién es Julio César Chávez Jr.?
Julio César Chávez Jr., hijo del legendario campeón mexicano de box, Julio César Chávez González, enfrenta cargos por:
- Tráfico de armas
- Drogas
- Y presuntos vínculos con grupos del crimen organizado
La investigación en su contra se inició en 2019, aunque fue hasta 2023 cuando se giró una orden de aprehensión en México.
Su detención en Estados Unidos ocurrió el pasado 2 de julio por irregularidades migratorias y posesión de armas de asalto, lo que derivó en su deportación por la garita de Nogales, Sonora.
¿Qué incluye medida cautelar impuesta a Chávez Jr.?
La medida cautelar impuesta por el juez incluye:
- Prohibición de salir del país
- Presentación periódica ante autoridades judiciales
- Restricción de contacto con agentes involucrados en la causa penal
La defensa del exboxeador argumentó que, de las 21 pruebas presentadas por el Ministerio Público, solo nueve lo mencionan directamente y ninguna acredita de forma concluyente su participación en actividades criminales.
Por ahora, el gobierno federal reitera que respetará la autonomía del Poder Judicial y que cualquier avance en el caso será informado por la FGR.
