En su primer año al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, Omar García Harfuch empujó una estrategia con mayor peso de inteligencia, coordinación federal y golpes a estructuras criminales.
Desde ese cargo, el funcionario cerró el año con un balance centrado en tres ejes: más atribuciones legales, más despliegues focalizados y una narrativa de resultados “medibles” frente a homicidios, laboratorios de drogas y detenciones.
Balance de acciones: operativos, inteligencia y cifras oficiales
En comparecencias y reportes públicos, Omar García sostuvo que el primer año del nuevo sexenio mostró una reducción de homicidio doloso y un incremento en acciones contra el crimen organizado; entre los datos difundidos aparecen miles de detenciones y el desmantelamiento de laboratorios de drogas.
Una parte clave del viraje fue la apuesta por inteligencia e investigación desde la SSPC, respaldada por cambios normativos que ampliaron su papel de coordinación y su capacidad de investigación en conjunto con el Ministerio Público.
En paralelo, medios internacionales documentaron que, bajo su conducción, el gobierno impulsó la construcción de una unidad civil élite para operar contra cárteles, como intento de fortalecer capacidades no militares y recuperar confianza operativa, aunque con advertencias sobre riesgos de controles y rendición de cuentas.
Iniciativas y reformas en seguridad: del artículo 21 a control de líneas telefónicas
En el inicio de 2025 entraron en vigor reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federaación (DOF) que amplían facultades de la dependencia de seguridad federal y ajustes al marco de prisión preventiva, reconfigurando el papel de la SSPC en la Estrategia Nacional de Seguridad.
Además, durante el año se empujaron iniciativas para centralizar información y combatir delitos como extorsión y secuestro, incluyendo propuestas de registro/depuración de líneas móviles y obligaciones de compartir datos diariamente con el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La SSPC también difundió que las iniciativas presentadas buscaban apuntalar la “construcción de paz” mediante reformas y coordinación interinstitucional.
Sinaloa: despliegue, decomisos y golpes a facciones en disputa
A Sinaloa se le trató como laboratorio operativo del año. En junio, García Harfuch anunció un refuerzo de mil 600 elementos (mil 200 de la Defensa y 400 de la SSPC) para atender delitos de alto impacto en la entidad.
En julio, reportes periodísticos consignaron cifras oficiales sobre detenciones y aseguramientos en el estado (armas, drogas y fentanilo), con el argumento de que se buscaba reducir la “capacidad de fuego” de grupos criminales.
El año también estuvo marcado por episodios de violencia ligados a la disputa interna del Cártel de Sinaloa; García Harfuch atribuyó públicamente una masacre en un centro de rehabilitación en Culiacán a una célula de “Los Chapitos” contra “Los Mayos”.
En el plano institucional, el gobierno federal reforzó la infraestructura local con entrega de patrullas y convenios de capacitación con la policía estatal, como parte de un “reforzamiento permanente”.
Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, tras el asesinato de un alcalde y escalada de violencia
El giro más visible del segundo semestre ocurrió en Michoacán. Tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo -1 de noviembre-, el gobierno lanzó el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, con despliegue de más de 10 mil 500 elementos, uso de tecnología (helicópteros, vigilancia aérea/drones) y un componente social-económico, además de seguimiento quincenal prometido desde Presidencia.
Ya en diciembre, Harfuch informó detenciones y decomisos vinculados al operativo en el estado y reiteró la prioridad federal.
El cierre de año añadió un punto de alarma: García Harfuch confirmó que el coche-bomba en Coahuayana, Michoacán, no fue abandonado, sino activado por dos personas, en un contexto de disputa criminal regional (CJNG vs Cárteles Unidos), según reportó la prensa.
Lo que queda a deber: percepción ciudadana y extorsión
Aunque el discurso oficial subrayó bajas en homicidio y golpes a laboratorios, en 2025 persistió un contraste: la percepción de inseguridad siguió alta en ciudades como Culiacán, Sinaloa.
Analistas señalaron que el talón de Aquiles es la extorsión (en especial, la ligada al control territorial), un delito difícil de abatir solo con detenciones y decomisos.
2025 consolidó a Omar García Harfuch como el operador central de la seguridad federal: más facultades, más coordinación y planes focalizados en territorios críticos.
El reto para 2026 será sostener resultados verificables, más allá del parte oficial, y traducir operativos en control territorial y reducción de extorsión en los estados donde el crimen administra economías y el miedo.
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