La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, presentó la iniciativa de reforma electoral denominada “Plan B”, la cual busca reducir privilegios en el aparato electoral, generar ahorros en el gasto público y ampliar los mecanismos de participación ciudadana.
En conferencia, la funcionaria explicó que la propuesta parte de los principios de austeridad impulsados por el actual gobierno. “La iniciativa presidencial de reforma constitucional que se presenta el día de hoy tiene como principio fundamental disminuir los privilegios y excesos en el ejercicio de la función pública”, señaló.
Subrayó que el objetivo central es reducir costos en las instituciones electorales y en los órganos de representación local, para mantener el principio de la austeridad republicana. En ese sentido, enfatizó: “Se trata de tener menos privilegios y más participación ciudadana”.
Topes salariales y eliminación de privilegios
Uno de los ejes de la reforma es el establecimiento de topes salariales para funcionarios electorales. Con ello, ningún servidor público podrá percibir ingresos superiores a los de la titular del Ejecutivo federal. “Los sueldos de los altos funcionarios electorales deben ser dignos, pero no excesivos… nadie podrá ganar más de lo que gana nuestra presidenta, no puede ser gobierno rico con pueblo pobre”, sostuvo.
La iniciativa también plantea eliminar prestaciones adicionales consideradas excesivas, como bonos, seguros de gastos médicos mayores y otros beneficios.
Reducción de estructuras en municipios y congresos locales
En el ámbito municipal, el proyecto propone una reconfiguración de los cabildos. Se establece que el número de regidurías se reduzca a un mínimo de siete y un máximo de 15 integrantes, además de limitar a una sola sindicatura por municipio. “Ya no se puede… pasar a un número de 16, se tiene que mantener en 15”, explicó.
Asimismo, se fija un tope presupuestal para los congresos locales equivalente al 0.7% del presupuesto de egresos de cada entidad federativa. De acuerdo con la secretaria, los recursos que se liberen por estas medidas serán destinados a infraestructura pública de los propios municipios y de las entidades federativas.
Revocación de mandato y control ciudadano
En materia de participación ciudadana, la reforma contempla ampliar los supuestos para la revocación de mandato, con la posibilidad de que este ejercicio se realice en el tercer o cuarto año de gobierno.
Rodríguez explicó que esta medida busca fortalecer el control ciudadano sobre sus gobernantes. “Siempre será el pueblo el que decida”, reiteró.
Modificaciones a procedimientos y leyes secundarias
En cuanto a los procedimientos electorales, la iniciativa propone adelantar el inicio de los cómputos distritales al momento en que llegue el primer paquete electoral, inmediatamente después de la jornada. Actualmente, este proceso inicia días después de la elección. “Que en el instante que llegue la primera urna, empieza el cómputo… evitar que haya cualquier manipulación en esos dos o tres días”, detalló.
El paquete de reformas incluye modificaciones a diversas leyes secundarias. En la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se plantean topes salariales para consejeros y altos funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) y de organismos locales, así como para magistrados de tribunales electorales.
También se contempla fortalecer los mecanismos de fiscalización mediante convenios con otras autoridades y el uso de tecnologías para supervisar el origen y destino de los recursos en campañas.
Por otro lado, en la Ley General de Partidos Políticos se establece la obligación de transparentar las remuneraciones de los dirigentes partidistas y de reportar operaciones financieras en tiempo real a través del sistema bancario. Asimismo, se prohíbe el uso de recursos ilícitos, de origen no comprobable, provenientes del extranjero o en efectivo.
Rodríguez Velázquez sostuvo que la reforma responde a las exigencias sociales de mayor transparencia y eficiencia en el uso de recursos públicos. “Deben asumir el compromiso de gastar lo justo, porque son recursos públicos… eso es lo que demanda la ciudadanía”.
Finalmente, la secretaria reiteró que la iniciativa busca fortalecer la democracia bajo un enfoque de justicia social. “Esta reforma responde a los retos actuales de nuestra nación”, concluyó.
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