Con la premisa de que el agua no es mercancía, sino un derecho humano y un bien estratégico de la Nación, el gobierno federal presentó este martes al Congreso de la Unión la iniciativa de Ley General de Aguas, así como una serie de reformas a la Ley de Aguas Nacionales, con el objetivo de garantizar el acceso equitativo, ordenar su uso en todo el país y fortalecer la rectoría del Estado sobre este recurso vital.
En la presentación en Palacio Nacional, participaron la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo; la consejera jurídica del Ejecutivo, Ernestina Godoy Ramos; y el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, quienes coincidieron en que se trata de una transformación estructural de la política hídrica nacional.
“Se acabó la mercantilización del agua”: Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum recordó que fue en 1992, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, cuando se modificó la legislación para permitir que las concesiones de agua pudieran ser vendidas y transmitidas entre particulares.
“Eso generó descontrol, corrupción y falta de supervisión. Muchas veces ni siquiera se notificaba a Conagua de los cambios, y tampoco había un control real de cuánta agua se estaba utilizando. Con esta reforma se acaba ese mercado. El agua es de la Nación, no de unos cuantos, y su concesión debe ser ordenada, transparente y con responsabilidad social”, sostuvo.
Explicó que, bajo la nueva iniciativa, las concesiones seguirán existiendo, pero ya no podrán comercializarse.
En caso de que un predio cambie de uso de suelo —por ejemplo, de agrícola a urbano— el título deberá devolverse a Conagua para otorgar uno nuevo conforme a la demanda real y la disponibilidad.
“Con esta reforma recuperamos para la Nación un recurso escaso e indispensable para el desarrollo. La concesión deja de ser mercancía y vuelve a ser un instrumento al servicio de la gente y del bien común”, enfatizó la mandataria.
Una visión humanista y ambiental: Godoy
Por su parte, Ernestina Godoy Ramos, consejera jurídica del Ejecutivo, subrayó que el agua es la base de otros derechos fundamentales, como la vida, la salud y el medio ambiente, y que por ello el gobierno de la presidenta Sheinbaum ha colocado el tema en el centro de su agenda.
“El agua no es un privilegio ni un derecho privado, es un bien público. Privatizar el agua es robarle a los pueblos su futuro. Defender este derecho significa resistir al despojo, al extractivismo y al cambio climático. Esta reforma establece un marco normativo que garantiza su uso sustentable y justo, acompañado de políticas públicas incluyentes que eviten el beneficio de unos pocos a costa de la mayoría”, afirmó.
Godoy explicó que la Ley General de Aguas, reglamentaria del artículo 4 constitucional, fija las bases para la gestión eficiente, sustentable y resiliente del recurso hídrico, protege las cuencas y fortalece los sistemas comunitarios de agua y saneamiento.
Además, incorpora la participación ciudadana en la planeación y gestión, y regula la captación pluvial como parte de una estrategia de largo plazo.
Conagua: orden y transparencia en las concesiones
El director general de Conagua, Efraín Morales López, detalló los alcances técnicos de la propuesta. Indicó que, además de la expedición de la nueva Ley General de Aguas, se plantea la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, reglamentaria del artículo 27 constitucional, con el fin de fortalecer la autoridad del Estado sobre las concesiones.
“Con la iniciativa, el Estado será el único responsable de regular el uso del agua. No habrá transmisión de concesiones entre particulares y todas las prórrogas deberán pasar por un análisis técnico de Conagua. Se tomarán en cuenta criterios como el cumplimiento de obligaciones fiscales, el uso correcto del agua, la instalación de medidores y la responsabilidad hídrica”, explicó.
Entre los principales cambios, Morales destacó:
-
Prohibición de cambios de uso: una concesión otorgada para riego agrícola no podrá transformarse en industrial o habitacional sin un nuevo procedimiento.
-
Creación del Registro Nacional del Agua, confiable y transparente, que dará trazabilidad a cada título y permitirá evitar actos de corrupción.
-
Procesos abreviados de transmisión en casos de herencia o compraventa de propiedades, para asegurar certeza jurídica a los usuarios actuales.
-
Sanciones más severas contra el uso indebido, el robo y el mercado negro de agua, incluyendo multas más altas, penas de hasta diez años de prisión y la aplicación de la extinción de dominio en casos graves.
-
Fondo de Reserva de Aguas Nacionales, que concentrará los volúmenes recuperados de concesiones extinguidas para su reasignación ordenada.
“El objetivo es garantizar certeza jurídica, combatir el acaparamiento y asegurar que el agua sirva para mejorar la calidad de vida de las comunidades y no para beneficiar intereses privados”, subrayó el funcionario.
Proceso de consulta nacional
Tanto la presidenta como los funcionarios enfatizaron que la iniciativa es resultado de un amplio proceso de foros y consultas realizados en las 13 regiones hidrológicas del país, en los que participaron comunidades indígenas y afromexicanas, gobiernos locales, sectores industriales, distritos de riego y organizaciones civiles.
“Esta propuesta no surge de la improvisación, sino de un diálogo nacional. Es el reflejo de una demanda histórica de la sociedad mexicana: devolver el agua a la Nación y garantizar que su uso sea equitativo, sustentable y justo”, concluyó Sheinbaum.
