La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó sobre los avances en la implementación de las reformas a las leyes en materia de desaparición de personas aprobadas en julio de 2025, entre las que destaca la activación de una alerta nacional inmediata y la obligación de iniciar investigaciones desde el primer momento.
Durante su intervención, explicó que, tras el reporte de una persona desaparecida ante la Comisión Nacional de Búsqueda, se activa de forma automática un mecanismo de difusión masiva.
Esta alerta llega a la Fiscalía General de la República, fiscalías estatales, comisiones locales de búsqueda, Guardia Nacional, policías y puntos estratégicos como aeropuertos, terminales de autobuses, hoteles y empresas telefónicas.
De acuerdo con la funcionaria, actualmente participan 512 instituciones públicas, privadas y sociales en este esquema, lo que permite ampliar el alcance de búsqueda de desaparecidos en espacios como centros educativos, restaurantes y zonas de tránsito.
Uno de los cambios centrales es la obligatoriedad de investigar cada caso, señaló al detallar que toda denuncia debe derivar en la apertura de una carpeta de investigación en las fiscalías.
Asimismo, indicó que las fiscalías especializadas en desaparición han incorporado nuevas áreas de análisis de contexto, delitos cibernéticos, atención a víctimas y seguimiento de casos tanto inmediatos como de larga data.
Bases de datos interinstitucionales
Rodríguez Velázquez destacó también la creación de una base nacional de carpetas de investigación que permite sistematizar la información de los casos de búsqueda de desaparecidos a nivel federal y estatal, incluyendo el estatus de localización y si la desaparición estuvo relacionada con la comisión de algún delito o fue una ausencia voluntaria.
En materia tecnológica, anunció la puesta en marcha de la Plataforma Única de Identidad, herramienta del Registro Nacional de Población que utiliza la CURP como elemento central. Este instrumento facilita la localización de personas desaparecidas mediante el cruce de información institucional.
“Priorizamos la búsqueda en vida”, afirmó la secretaria, aunque precisó que también se han fortalecido las capacidades de búsqueda forense. En ese sentido, explicó que se crearon grupos multidisciplinarios con perfiles especializados en arqueología y antropología, además de nuevas metodologías de análisis de información.
Como parte de estas medidas, ahora es obligatoria la revisión de todos los espacios de resguardo de cuerpos, incluidos servicios médicos forenses y fosas comunes, así como la toma de muestras de ADN, fotografías y documentación sistemática de los hallazgos.
La Comisión Nacional de Búsqueda, agregó, se fortaleció con la incorporación de 100 nuevos especialistas, equipamiento adicional y nuevas metodologías de investigación. Además, en agosto de 2025 se designó como titular a Marta Lidia Pérez Gómez, con el respaldo de colectivos de familiares de personas desaparecidas.
Atención a víctimas y ciudadanía
En cuanto a la participación de víctimas y sociedad civil, la Secretaría de Gobernación ha sostenido un amplio proceso de diálogo. En total, se realizaron 134 mesas de atención, 137 reuniones con autoridades de los tres niveles de gobierno y participaron 774 colectivos, quienes presentaron 570 propuestas.
Asimismo, se llevaron a cabo 32 mesas de trabajo con organismos internacionales especializados, como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Comité Internacional de la Cruz Roja.
Resultados en búsqueda de desaparecidos
En materia de resultados operativos, Rodríguez Velázquez indicó que, entre octubre de 2024 y marzo de 2026, el gabinete de seguridad ha ejecutado 286 órdenes de aprehensión relacionadas con desaparición de personas. Además, se han eliminado 547 cuentas en redes sociales utilizadas por grupos delictivos para captar jóvenes, mientras que otras 725 permanecen bajo investigación.
La secretaria también destacó la implementación de campañas de prevención enfocadas en combatir la trata de personas y la desaparición de niñas, niños y adolescentes.
Para concluir, hizo un llamado a la ciudadanía a actuar sin demora ante cualquier caso.
Desaparición de personas en México exige atención prioritaria
En su oportunidad, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Félix Arturo Medina Padilla, expuso que la desaparición de personas en México constituye “una herida que requiere la atención más prioritaria del gobierno”.
Al presentar la actualización de la estrategia nacional de búsqueda y localización, el funcionario señaló que se trata de un problema que “es doloroso para las familias, para los mexicanos y las mexicanas”, y que demanda la participación coordinada de autoridades federales, estatales, fiscalías y poderes públicos.
Guerra sucia y guerra contra el narco
En su exposición, explicó que el fenómeno de la desaparición en el país puede dividirse en dos grandes etapas históricas. La primera corresponde al periodo conocido como la guerra sucia, entre las décadas de 1950 y 1990, cuando —según informes de memoria histórica y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos— “la desaparición forzada fue cometida desde el Estado y ordenada desde las más altas esferas del poder político”.
“En esta etapa, el Estado utilizó la desaparición forzada para reprimir opositores, disidentes e integrantes de movimientos sociales, obreros, campesinos, magisteriales y estudiantiles, por su forma de pensar y por su protesta contra el autoritarismo”, sostuvo.
La segunda etapa, indicó, inició en diciembre de 2006 con la estrategia de combate al crimen organizado.
“Comienza un periodo de desaparición de personas relacionadas, principalmente, con la delincuencia organizada”, dijo.
En este contexto, hizo una mención especial al caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, cuya investigación —apuntó— sigue en curso.
Respecto a los casos vinculados con la guerra sucia, recordó que en octubre de 2021 se creó la Comisión para el Acceso a la Verdad, cuyo informe fue presentado en septiembre de 2024, y que la Fiscalía General de la República estableció instancias especializadas para investigar delitos del pasado.
“El compromiso es seguir investigando de forma coordinada, encontrar a los desaparecidos, garantizar la verdad y hacer justicia”, afirmó.
Acciones gubernamentales para fortalecer la búsqueda de desaparecidos
Sobre el marco legal, Medina Padilla detalló que en 2012 se creó el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, y que en 2017, a partir del impulso de colectivos de familiares, se promulgó la Ley General en Materia de Desaparición, que dio origen al Sistema Nacional de Búsqueda y a la Comisión Nacional de Búsqueda.
Sin embargo, reconoció limitaciones en los registros iniciales para la búsqueda de desaparecidos. “Se creó una plataforma en la que cualquier persona podía alimentar información […] sin metodología ni lineamientos claros y sin garantizar la calidad o veracidad de la información”, indicó.
A partir de la administración anterior, añadió, se implementó una estrategia nacional de búsqueda generalizada que permitió actualizar registros y localizar personas reportadas como desaparecidas.
Explicó que en 2025 se realizó una revisión integral del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, apoyada en metodologías científicas y análisis de datos. A partir de estos hallazgos, y tras casos relevantes como el del rancho Izaguirre, se impulsaron reformas legales para fortalecer las capacidades institucionales ante la desaparición de personas en México.
Nuevas estrategias para fortalecer la búsqueda de desaparecidos
En julio de ese año, se publicaron decretos que establecen nuevas obligaciones y herramientas, entre ellas:
- La creación de una alerta nacional de búsqueda.
- La apertura inmediata de carpetas de investigación ante el primer reporte.
- Una base nacional de carpetas de investigación.
- Una plataforma única de identidad.
- El fortalecimiento del banco nacional de datos forenses.
- La obligación de contar con fiscalías y unidades especializadas en todos los estados.
Asimismo, destacó el robustecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda mediante la contratación de especialistas y la adquisición de equipo para la búsqueda de desaparecidos, así como la exigencia de que todos los registros cuenten con datos mínimos que permitan la identificación de las personas.
Para hacer frente a la desaparición de personas en México, “se garantiza la coordinación entre las comisiones de búsqueda, las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República”, además de incorporar a comisiones de víctimas y otras instituciones al sistema nacional.
