La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó la Estrategia Contra el Despojo de Inmuebles en la Ciudad de México, que incluye reformas legales para sancionar hasta 22 años de prisión a quienes incurran en despojo.
Además de establecer un blindaje contra la corrupción y el uso de documentos apócrifos, todo con la finalidad de proteger a las personas, su patrimonio y sus derechos, a fin de evitar el despejo de inmuebles.
“Vamos a hacer frente a este delito de manera coordinada y con un equipo especial de funcionarios que revisarán caso por caso y actuarán de forma inmediata”, señaló.
Fenómeno multifactorial y estructural
La mandataria capitalina indicó que el delito de despojo es un fenómeno multifactorial y estructural que combina vacíos legales, corrupción, debilidad institucional y muchas veces redes criminales que operan con total impunidad.
En conferencia de prensa en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Brugada Molina explicó que la estrategia incluye las acciones que realiza el Gabinete de Prevención y Atención a los Despojos.
Mencionó que ese gabinete revisa los casos de la ciudadanía y está integrado por diversas dependencias capitalinas, Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y el Poder Judicial local.
Unidad Operativa Especializada
Brugada anunció la creación de la Unidad Operativa Especializada contra el Despojo, que dependerá de la Secretaría de Gobierno.
Refirió que se enviarán al Congreso de la Ciudad de México un conjunto de iniciativas de reformas, que incluyen aumentar las penas por despojo y sus agravantes, sanciones que alcanzarán entre 11 y 22 años de prisión.
Añadió que se implementarán penas a quienes operen este delito en zonas de conservación ecológica o con valor histórico o patrimonial, y se crearán mecanismos de protección cautelar.
Fortalecimiento institucional
La jefa de Gobierno dijo que la estrategia combina esfuerzos para el fortalecimiento institucional y mecanismos para que la población pueda ser asesorada y apoyada.
«Cuidar los hogares es cuidar la paz en esta ciudad y la seguridad de las familias, y defender el patrimonio de las familias es defender el bienestar de las personas en esta ciudad”, precisó.
Reformas al Código Pena de CDMX
La fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde, informó que se reformará el artículo 237 del Código Penal de la Ciudad de México para sancionar el despojo con penas de seis a 11 años de prisión en su tipo base y de 12 a 22 años cuando existan agravantes.
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Detalló como nuevas agravantes:
- Participación de personas que simulen tener un cargo público
- Se suplanta la identidad del legítimo propietario o poseedor del inmueble o de su representación legal
- Participe una persona titular de notaría pública en ejercicio o con motivo de sus funciones
- O personas que, sin tener carácter de notario, accedan a documentos o datos notariales, en virtud de una relación laboral
También se consideran agravantes cuando el despojo se trate de un predio declarado área natural protegida, o sea, un inmueble propiedad del gobierno capitalino, entre otras.
Continúa búsqueda de Ana Amelí
En otro tema, Clara Brugada Molina, detalló que las labores para localizar a Ana Amelí García continúan con un despliegue que incluye a la Guardia Nacional y a la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con el gobierno federal.
“No vamos a dejar de buscar, se tiene el conjunto de búsqueda de instituciones dedicadas a esto, hay protocolos que se han cumplido uno a uno. Recordemos que la búsqueda siempre se inicia a través de una denuncia de desaparición”, afirmó.
El comisionado de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, Luis Gómez Negrete, detalló que se hizo una exploración exhaustiva en la parte alta del Pico del Águila, en el Ajusco, así como en zonas aledañas y más bajas para descartar un caso de extravío o accidente.
Investigación por desaparición
La titular de la FGJCDMX, Bertha Alcalde Luján, informó que además de participar activamente en la búsqueda de Amelí, la Fiscalía realiza una investigación exhaustiva por el delito de desaparición.
Para ello, señaló que se han llevado a cabo entrevistas, inspecciones, análisis de telefonía y otras diligencias técnicas con el apoyo de peritos y policías de investigación.
“La investigación por el delito de desaparición se inició el mismo 13 de julio cuando se hizo la denuncia.
“De manera paralela comenzó la investigación por el delito de desaparición, que, entre otras cosas, involucró las entrevistas de las últimas personas que estuvieron en contacto con ella, de contexto y de su círculo”, puntualizó.
