Ciudad de México, 15 oct. (AMEXI).- A fin de acabar con la impunidad de padres deudores, la diputada del Partido Verde (PVEM), Claudia Sánchez Juárez presentó una iniciativa para modificar las normas y no permitir a los agresores evadir el cumplimiento de las sentencias en juicios de alimentos y controversias familiares.
La propuesta, que se presenta en conjunto con La Colectiva “Caso 992” (Las Novias) propone reformar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
La diputada federal estuvo acompañada de las integrantes del Colectivo Caso 992 quienes se presentaron en San Lázaro vestidas de novias para presentar esta iniciativa que pretende salvaguardar los derechos de las mujeres y del menor, y sobre todo que los deudores y agresores continúen violentando con sus acciones.
¿Qué propone la iniciativa?
La iniciativa plantea ayudar a las mujeres, especialmente a las que viven en condiciones precarias, a que tengan el apoyo de la Unidad de Medidas Cautelares (UMECAS) durante los procesos de emplazamiento y determinación de la capacidad económica de los deudores.
La legisladora Sánchez Juárez señala que, al erradicar la peligrosidad procesal, se garantizará que los agresores no puedan eludir las notificaciones judiciales y las sentencias se cumplan de forma efectiva, suprimiendo la impunidad que enfrentan miles de familias en nuestro país.
El 97% de los juicios relacionados con alimentos son promovidos por mujeres
Según datos de los Tribunales Superiores de Justicia del país, el 97 por ciento de los juicios familiares relacionados con alimentos, son promovidos por mujeres y lamentablemente apenas el tres por ciento llega a la etapa de conclusión.
De acuerdo con la iniciativa, de los pocos casos donde se dicta una sentencia o pensión alimenticia provisional, apenas el 10 por ciento se cumple.
Lo anterior representa que uno de cada diez menores que tiene derecho a una pensión logra recibir el cobro efectivo antes de alcanzar la mayoría de edad.
Sánchez Juárez, reconoció que, “gracias a este colectivo (Caso 992), la violencia vicaria es visible en este país y ahora muchos colectivos lo están retomando para que esto pare”.
Normas procesales actualmente brindan facilidades
La diputada del PVEM mencionó que actualmente las normas procesales brindan facilidades a fin de que estos agresores oculten bienes e ingresos para evitar cumplir con sus obligaciones.
Explica que por lo que la carga probatoria recae injustamente sobre las víctimas, quienes deben acreditar el domicilio de los agresores, su solvencia y sus bienes, lo cual resulta imposible para muchas mujeres en condiciones de vulnerabilidad.
La reforma busca apoyar a mujeres cabeza de familia
En la conferencia de prensa en la Cámara de Diputados estuvieron presentas junto con la legisladora, en compañía de Tere Alanís, Regidora de Lerma; Ingrid de los Ángeles Tapia, lideresa de la colectiva Caso 992 y los activistas José Tapia y Magdalena Chichino.
La diputada federal mencionó que con esta reforma se busca apoyar a las mujeres, que son cabeza de familia, a que no tengan que asignar recursos que pueden ser para sus hijos para cubrir los gastos de un juicio.
De acuerdo con la colectiva CASO 992, que representa a miles de mujeres de diversos estados de la República, las normas actuales permiten a los agresores evadir el cumplimiento de las sentencias en juicios de alimentos y controversias familiares, agravando la violencia que enfrentan miles de mujeres y sus hijos.
Revela asesora legal de Colectiva Caso 992 injusticias hacia las mujeres
La asesora legal de la colectiva Caso 992, Ingrid Tapia expuso que la mayoría de las mujeres que enfrentan un litigio por demanda de alimentos o violencia doméstica.
Detalla que entre estos casos hay madres en situación de abandono o quienes permanecen casadas durante años, en promedio 17.7, sin iniciar un proceso de divorcio ante la convicción de que, aun recurriendo a las autoridades, no lograrán obtener la restitución de sus derechos ni protección para ellas y sus hijos.
Además, mencionó como ejemplo, de los pocos casos en los que se dicta una sentencia o una pensión alimenticia provisional, apenas el 10% se cumple.
Urge reformar el marco legal
La situación que enfrentan las mujeres con condiciones de vulnerabilidad es muy grave, por ello urge reformar el marco legal, puntualizó.
Sólo uno de cada diez menores que tiene derecho a una pensión alimenticia logra recibirla completa antes de alcanzar la mayoría de edad, apuntó.
En el caso de hijos de padres divorciados, tres de cada cuatro no reciben alimentos de su progenitor. Esta situación no solo perpetúa la vulnerabilidad económica de las familias, sino que agrava la violencia estructural que padecen.
