El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pide evitar recurrir a gestores fraudulentos que ofrecen incrementar los montos de retiro simulando una relación laboral con salarios falsos, ya que eso constituye un fraude que podría afectar el patrimonio futuro de los trabajadores. La institución exhorta a la población a no dejarse engañar, ya que este tipo de delitos ha proliferado en los últimos meses.
“El llamado es claro: evita ser cómplice de fraude y el riesgo de afectar tu retiro al participar en estas simulaciones”, advirtió el IMSS. Los grupos de gestores fraudulentos engañan a los trabajadores al ofrecerles incrementar el monto de sus retiros parciales por desempleo a través de relaciones laborales ficticias y salarios falsos.
IMSS y Consar advierten sobre las consecuencias de recurrir a gestores fraudulentos
El IMSS, en conjunto con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), advirtió sobre las consecuencias de engañar a una autoridad federal, como la pérdida de semanas cotizadas y la afectación en el monto de la pensión futura. Ambos organismos se han sumado a una campaña de concienciación para prevenir ese tipo de prácticas ilegales.
El retiro parcial por desempleo es un derecho de las personas afiliadas al IMSS que les permite disponer de una parte de sus recursos en la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, siempre que se cumplan ciertos requisitos. Este beneficio puede solicitarse cada cinco años y depende de los bimestres cotizados y el último salario del trabajador.
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Impacto en las semanas cotizadas y el monto de la pensión
El IMSS recordó que disponer de recursos mediante retiros parciales reduce el número de semanas cotizadas, lo cual puede afectar la futura pensión del trabajador e incluso impedir que cumpla los requisitos necesarios para recibirla. Participar en esquemas fraudulentos para incrementar los montos de retiro también puede tener consecuencias legales para los involucrados.
Las instituciones reiteraron su compromiso de coordinar esfuerzos para identificar y detener las prácticas delictivas que ponen en riesgo la seguridad económica de los trabajadores y de sus familias a largo plazo.
