Organizaciones comunitarias y representantes de familias indígenas mixtecas denunciaron falta de solución por parte del gobierno de Oaxaca ante el conflicto agrario y social que viven 225 pobladores desplazados de Buenavista, municipio de Santiago Yosondúa, Tlaxiaco, quienes fueron expulsados violentamente de su territorio el 18 de agosto pasado.
Según testimonios, ese día en Santa María Yolotepec personas irrumpieron armados en Buenavista, quemaron viviendas y realizaron disparos de armas de fuego, pese a la sentencia federal que protege a dicha comunidad dentro del expediente 263/2016.
Los afectados aseguran que durante dos meses y medio, las agresiones continuaron y que el gobierno estatal interviniera para impedir las quemas de casas y los ataques con armas de uso exclusivo del Ejército.
El jueves 30 de octubre, nuevas incursiones de Santa María Yolotepec en Buenavista provocaron que habitantes de Santiago Yosondúa tocaran las campanas y decidieran movilizarse en defensa de las familias desplazadas, rebasando incluso a las autoridades municipales para expulsar a los agresores.
En la confrontación, reportaron la muerte de una persona de Santa María Yolotepec y otra de Santiago Yosondúa, hecho que elevó aún más la tensión en la zona.
Sostienen omisión y parcialidad del gobierno
Representantes comunitarios sostienen que la omisión y parcialidad del gobierno estatal no sólo permitió el avance de la violencia, también colocaron en un estado de indefensión a las familias indígenas que además perdieron su patrimonio y continúan desplazadas.
Denuncian que los días 31 de octubre y 1 de noviembre autoridades estatales filtraron notas de prensa para amagar con detener al abogado de las víctimas, Felipe Edgardo Canseco Ruiz, quien es sobreviviente de la guerra sucia de los años 70 en México y actualmente funge como asesor jurídico de Santiago Yosondúa.
Exigen respeto, seguridad y cese al hostigamiento
Las comunidades exigen respeto a las resoluciones judiciales, seguridad para el retorno de los desplazados y el cese al hostigamiento contra defensores de derechos humanos, al asegurar que el litigio territorial no debe resolverse con violencia ni con persecución política.
Afectados reiteraron el llamado al gobierno federal para intervenir en la atención del conflicto y garantizar que los pueblos indígenas involucrados reciban una mediación imparcial y soluciones duraderas.
