La inteligencia artificial constituye una herramienta poderosa que puede fortalecer la administración de justicia, siempre que exista un uso responsable, transparente y respaldado por un marco normativo claro, afirmó el magistrado Felipe Fuentes Barrera.
Esta herramienta, añadió el juzgador, puede mejorar la eficacia electoral, personalizar la comunicación con el electorado, detectar anomalías y facilitar un voto más informado, pero también implica riesgos, como la desinformación, la manipulación de datos o la alteración de audios e imágenes.
Al participar en el taller ejecutivo “Inteligencia artificial para actores electorales”, que se lleva a cabo en la Ciudad de Panamá, el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aclaró que la inteligencia artificial no debe sustituir al juez natural.
Urgió, por ello, a los tribunales a prepararse para enfrentar desafíos, como la valoración de pruebas generadas mediante IA, la responsabilidad en el uso de algoritmos y la protección de los derechos asociados a su uso.
Y reiteró la necesidad de una legislación actualizada y basada en principios éticos, que preserve la integridad de los procesos democráticos.
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TEPJF presentan “Alfonsina”
A nombre del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el magistrado de la Sala Superior presentó “Alfonsina”, la asistente virtual del TEPJF basada en inteligencia artificial.
Esta herramienta permite a la ciudadanía consultar de forma rápida, sencilla y accesible información jurídica como sentencias, criterios y jurisprudencia, a través del sitio web institucional del Sistema Integral de Consulta de Justicia Electoral (SICJE).
“Alfonsina”, dijo, representa un paso firme del TEPJF para responder a las nuevas realidades sociales y tecnológicas mediante soluciones innovadoras.
Necesario mantener liderazgo tecnológico en un entorno cada vez más digital
Enfatizó que la justicia electoral debe actuar con cercanía, eficacia y capacidad de adaptación ante los desafíos contemporáneos.
Por ello, consideró indispensable contar con un Tribunal que mantenga una posición de liderazgo tecnológico para garantizar los derechos político-electorales en un entorno cada vez más digital.
