Jorge Romero acusa espionaje ilegal del gobierno de Sheinbaum en CDMX
El dirigente panista Jorge Romero acusa espionaje ilegal: reveló que fue geolocalizado sin orden judicial junto con otros opositores cuando la hoy presidenta era jefa de Gobierno de la CDMX; advierte que Morena pretende ahora legalizar esas prácticas mediante una reforma legislativa.
«Nos espiaron, y ahora quieren legalizarlo»
Jorge Romero, coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, acusó que él, Santiago Taboada y Santiago Creel fueron víctimas de espionaje ilegal mediante la geolocalización de sus teléfonos sin que mediara una orden judicial. Señaló directamente a autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, en ese entonces encabezado por Claudia Sheinbaum, como responsables de estas prácticas.
“Ya nos espiaron y ahora quieren legalizarlo”, declaró Romero tras presentar un amparo colectivo contra una reforma aprobada en fast track por la mayoría oficialista, la cual, agregó, permite a autoridades locales solicitar geolocalización sin requerir aval judicial previo.
🔵 Hoy alzamos la voz con firmeza: el #GobiernoEspía interviene ilegalmente a la oposición, y ahora pretende seguir abusando de manera legal.
Desde @AccionNacional no lo vamos a permitir. Vamos a defender las libertades de todas y todos los mexicanos. 📢 #ElPANTeApoya… pic.twitter.com/3v1AbsbE2E
— Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) July 17, 2025
El espionaje ilegal, una práctica vigente y ahora con visos de legalización
El líder parlamentario panista subrayó que su acusación no es hipotética ni abstracta, sino basada en información obtenida de manera oficial. Según Romero, la propia Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó que, en 2021, durante el proceso electoral, la Procuraduría capitalina solicitó la geolocalización de sus dispositivos móviles.
“No sólo espían a la oposición. Buscan ahora la ruta de legalizar esa violación a la privacidad”, alertó.
El caso cobra particular relevancia porque vincula una acción de inteligencia sin orden judicial con una reforma impulsada por Morena y defendida por el entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien en su momento justificó esa vía como una herramienta de seguridad.
Romero calificó esa línea como un riesgo para los derechos fundamentales y sostuvo que «quien quiera defender esa ley, defiende el espionaje».
Reforma exprés, sin discusión ni freno judicial
La reforma que desató esta controversia se aprobó en menos de tres horas con los votos de la mayoría de Morena y sus aliados. A juicio de Romero, se trata de una modificación que rompe el marco constitucional al permitir que cualquier autoridad estatal o municipal pida la ubicación de un ciudadano sin mediar un juez.
Por ello, el PAN presentó un amparo colectivo ante el Poder Judicial para frenar la entrada en vigor de la ley, con el argumento de que viola el derecho a la privacidad, al debido proceso y al control judicial sobre los actos de investigación criminal.
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Silencio institucional y contraste político
Hasta el momento, ni la jefa de Gobierno en ese entonces, Claudia Sheinbaum, ni la Fiscalía de la Ciudad de México han emitido declaraciones para contradecir o desmentir las acusaciones de Romero. Ese silencio refuerza el señalamiento de que la práctica fue real y no un acto de retórica partidista.
Llama la atención, además, el trato diferenciado que ha dado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a casos similares: mientras una denuncia del PAN sobre este mismo tema fue archivada sin mayor trámite, una queja contra Movimiento Ciudadano fue admitida y escalada.
La crítica no es menor: se cuestiona la legalidad del Estado
El fondo de esta disputa no se limita a una batalla entre partidos, sino que apunta a una cuestión de gran calado: la legalidad con la que opera el aparato del Estado en la vigilancia de ciudadanos. Si se confirma que hubo geolocalización sin orden judicial, se trata de una violación directa a los derechos humanos, amparada en estructuras de gobierno.
Más aún, si una vez aprobada la reforma propuesta por Morena no se establecen candados judiciales, el país estaría dando un paso hacia la normalización del espionaje institucional, ya no como práctica clandestina, sino como política pública.
