Ciudad de México, 16 abr. (AMEXI).- Jueces y magistrados federales manifestaron su apoyo a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucia Piña Hernández, luego de que el ministro en retiro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea anunciara que inició un juicio político contra ella por autorizar que a él lo investiguen por posibles actos de corrupción.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) consideró el anuncio de un juicio político como una forma de intimidar a los juzgadores del país.
“El juicio político es un instrumento constitucional para hacer efectivas sanciones a servidores públicos en casos específicos; pero su uso ha sido recurrente para intimidar a las y los juzgadores de manera constante”.
A través de un comunicado, mencionaron: “resulta paradójico que se pretenda iniciar una campaña difamatoria contra la ministra presidenta, por cumplir con la obligación que los ciudadanos le demandan: cerrar espacios a actos probables de corrupción y de influir en las decisiones jurisdiccionales para beneficiar a una de las partes”.
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La Jufed expuso que se aplicará el escrutinio a todos los servidores públicos en el Poder Judicial de la Federación (PJF), para asegurar un trabajo honesto apegado a las rectitudes de ética inculcadas en todos los jueces y magistrados.
“Todos los servidores públicos y quienes pertenecen a la carrera judicial están comprometidos con la rectitud en su actuar y deben comportarse conforme al Código de Ética del Poder Judicial Federal, así como asumir su responsabilidad por acción u omisión, frente a quejas o denuncias que se presenten en su contra”.
La investigación
El pronunciamiento de la Jufed tiene como precedente el inicio de una investigación contra el ministro en retiro Arturo Zaldívar por supuestos actos de corrupción en su gestión como presidente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
De acuerdo con el expediente, en su actuación como presidente del CJF entre 2019 y 2022, Zaldívar, en coordinación con otros integrantes del PJF, vulneraron la autonomía e independencia de titulares de órganos jurisdiccionales del PJF, con la intención de satisfacer intereses personales y de terceros.
“Ejerció presión sobre titulares de órganos jurisdiccionales, a través de Carlos Antonio Alpízar Salazar, con el objeto de que resolvieran a favor de sus intereses, prometiendo beneficios políticos, económicos, adscripciones favorables, ratificaciones en el cargo y hasta dinero, o bien a través de extorsiones y amenazas de cambios de adscripción, inicios de procedimientos de responsabilidad administrativa o suspensiones”, menciona el documento consultado por Amexi.
