Ciudad de México, 25 ago. (AMEXI).- En un momento crucial para la democracia mexicana, la defensa del Poder Judicial de la Federación no es una cuestión de partidos, sino de principios, afirmó Alejandro Moreno, dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Por ello, el senador electo ratificó que el tricolor mantiene su firme postura en contra de cualquier intento por desmantelarlo.
Consideró que México está en una encrucijada histórica, por lo que es momento de decidir si quiere un país donde el Estado de Derecho prevalezca y las instituciones autónomas se mantengan fuertes, o si se permitirá que los intereses particulares socaven las bases de nuestra democracia.
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Alejandro Moreno expresó que el PRI, fiel a su compromiso con México, se posiciona del lado de la defensa de los derechos humanos, la justicia y la autonomía del Poder Judicial, en beneficio de toda la sociedad.
Expuso que diversos sectores de la sociedad, incluyendo el sector empresarial, embajadores de naciones aliadas y estratégicas, así como destacados juristas, académicos y trabajadores, han alzado la voz a favor de la autonomía e independencia del Poder Judicial.
Esos llamados, apuntó, deben ser escuchados con atención y seriedad, dejando de lado dogmas, odios y consignas que solo dividen a la nación.
Recordó que a lo largo de los años, México ha firmado y ratificado tratados internacionales que obligan a mantener y fortalecer a los órganos autónomos, esenciales para la protección de los derechos humanos y la preservación de las libertades fundamentales.
Exhortó a todos los actores políticos y sociales para que, en un acto de responsabilidad y madurez democrática, se analicen las reformas necesarias para el Poder Judicial de manera objetiva y sin prejuicios.
Alejandro Moreno precisó que la reforma judicial que México necesita debe ser una que fortalezca las instituciones, garantice el respeto a los derechos humanos y asegure la independencia del Poder Judicial, alejándose de cualquier intento de centralización del poder que podría poner en riesgo las libertades fundamentales de la ciudadanía.
