El pleno del Senado aprobó la Ley Aduanera con una modificación en su artículo primero transitorio, que establece que la norma entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2026.
La Ley Aduanera busca endurecer las medidas de control fiscal, los trámites para la importación y exportación de mercancías, con el objetivo de combatir el tráfico de combustibles, la corrupción en el sector y las operaciones de la delincuencia organizada en el contrabando.
Además, pretende frenar la evasión y elusión fiscal derivada de la introducción de mercancías al país.
Modernizar reglas del comercio
El dictamen aprobado corresponde a la minuta enviada por la Cámara de Diputados el pasado 7 de octubre, la cual incluye 65 modificaciones, 44 adiciones y nueve derogaciones a la Ley Aduanera, propuestas por la titular del Ejecutivo Federal.
Los objetivos de la reforma son modernizar las reglas para un comercio exterior más competitivo, fortalecer la transparencia y legalidad de los procedimientos aduanales.
Además de asegurar una recaudación justa, equitativa y solidaria que sostenga las finanzas públicas sin imponer nuevos cargos a la ciudadanía.
Esto cobra relevancia en un contexto en que los ingresos por comercio exterior se han incrementado 18.3% respecto a 2024, alcanzando más de 1.07 billones de pesos, equivalentes al 26% de los ingresos tributarios del país.
Oposición fijó su postura
En sesión maratónica la oposición no dejó de rechazar la propuesta y fue Claudia Anaya, del PRI, quien presentó una moción suspensiva, bajo el argumento de que la ley podría generar cuellos de botella en el comercio exterior y alzas en productos de importación si no se revisa cuidadosamente.
Señaló que la iniciativa surge del llamado “huachicol fiscal”, con un daño al erario superior a 600 mil millones de pesos, y criticó que algunas medidas, como la suspensión de agentes aduanales investigados o las multas excesivas, podrían ser inconstitucionales y afectar a importadores.
“Se puede generar un daño al comercio exterior, generar cuellos de botella que entorpezcan el comercio exterior y sobre todo se pueden generar incluso algunas alzas desmedidas en los productos de importación si no se revisa con mayor cuidado lo que se está haciendo.
“Esta iniciativa proviene del robo del siglo, el robo del siglo conocido como el huachicol fiscal, en donde hay consideraciones de daño al erario por más de 600 mil millones de pesos”, señaló.
Genera incertidumbre jurídica
El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, criticó la reforma señalando que lejos de modernizar procesos y combatir la corrupción, sobrecarga regulaciones, genera incertidumbre jurídica y afecta al comercio exterior.
Explicó que la norma penaliza a importadores, frena exportaciones y carga la responsabilidad a los agentes aduanales, mientras que las autoridades como la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y el SAT no asumen sanciones ni control efectivo.
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Según Castañeda, la reforma no combate el huachicol fiscal, que entre 2019 y 2024 causó pérdidas por más de 600 mil millones de pesos.
“Nosotros sostenemos que es una reforma que genera una grave afectación económica al ser en el centro una reforma que sobreregula, que no genera certidumbre jurídica y que termina poniendo más trabas al comercio exterior”, afirmó.
Vicios de inconstitucionalidad
La panista Imelda Sanmiguel, rechazó la reforma al considerar que tiene “vicios de inconstitucionalidad y de simulación”.
Acusó a Morena de convertir al Senado en una “dependencia del Ejecutivo” y de aprobar cambios por instrucciones de la presidenta.
“Se concentran responsabilidades excesivas a los agentes aduanales, se endurecen los controles y sanciones en su contra y ahora los hará responsables solidarios de todas las operaciones de comercio exterior en las que participen. No prevé medidas efectivas para prevenir la corrupción ni para mejorar los procesos comerciales”, expuso.
Advirtió que la eliminación de las patentes indefinidas y la obligación de certificarlas cada tres años generará burocracia, corrupción y extorsión.
Calificó las nuevas sanciones como excesivas e inconstitucionales, y sostuvo que la iniciativa pone en riesgo el comercio internacional y la competitividad del país.
Otras medidas de la reforma
La ley también promueve la modernización tecnológica de las aduanas, elimina el carácter vitalicio de las patentes aduanales, establece certificaciones periódicas cada tres años, y fortalece los controles en programas de facilitación aduanera, como la importación temporal.
Establece la corresponsabilidad solidaria de los agentes aduanales y aumenta los controles sobre las operaciones aduaneras, obligando a verificar que importadores y exportadores cuenten con los documentos que acrediten las regulaciones y restricciones no arancelarias.
Busca garantizar que quienes realicen operaciones estén plenamente identificados, tengan la infraestructura necesaria y no mantengan vínculos con personas o empresas que realicen facturaciones simuladas.
Patente de agente aduanal
De acuerdo con la ley, la patente de agente aduanal tendrá una vigencia de 20 años, con certificaciones cada tres años, y se crea el Consejo Aduanero, presidido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Este consejo será responsable de otorgar, suspender, cancelar o extinguir las patentes, así como de la inhabilitación de agentes aduanales, autorizaciones, inhabilitaciones y cancelaciones de agencias aduanales y sus prórrogas.
La reforma establece supuestos de infracción y sanciona con mayor severidad a los recintos fiscalizados estratégicos que permitan la salida de mercancías sin cumplir las formalidades necesarias para su retorno al extranjero o sin el pago de contribuciones correspondientes.
Con estas medidas, el gobierno federal busca facilitar las operaciones legítimas con certidumbre y trazabilidad, al tiempo que sanciona a quienes distorsionen el mercado formal y afecten la hacienda pública.
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