El director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, detalló los alcances de la reforma hídrica discutida en la Cámara de Diputados y aseguró que el eje de la iniciativa es “recuperar el carácter público del agua” para frenar abusos, desigualdades y prácticas de lucro que han afectado a comunidades y productores durante décadas.
Fin al modelo de lucro
Sostuvo que la reforma busca dejar atrás el modelo que permitió la concentración de grandes volúmenes de agua en manos de unos cuantos, así como su explotación comercial sin control.
“Es un cambio de visión profundo: el agua deja de verse como mercancía. No puede seguir enriqueciéndose una minoría mientras comunidades enteras no tienen suficiente para vivir o producir”, afirmó.
Derechos de propiedad garantizados
Ante la oleada de rumores en redes y en el debate legislativo, el titular de Conagua desmintió varias afirmaciones que calificó como “mentiras reiteradas”. Negó que se prohíba heredar o vender una propiedad con su respectiva concesión de agua, puntos que, dijo, quedaron totalmente aclarados en el texto aprobado.
“Sería ilógico pensar que alguien vendería una parcela sin agua; esos derechos están plenamente garantizados”, recalcó.
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Combate a los abusos, no al campo
También rechazó que la iniciativa criminalice actividades básicas del campo, como construir bordos, tomar agua de un río o moverla para riego.
Explicó que las sanciones se dirigen exclusivamente a casos de abuso, principalmente cuando existe poder político o económico detrás de grandes desvíos de agua con fines lucrativos.
El funcionario recordó el caso de la presa privada construida por un exgobernador, que retuvo 700 mil metros cúbicos y dejó sin agua a poblaciones río abajo.
Sobre el transporte de agua en pipas, reiteró que no habrá sanciones para productores que movilicen agua dentro de sus propias tierras y que el objetivo es combatir el robo y la venta ilegal del recurso.
Regulación de la captación pluvial y concesiones
En cuanto a la captación de lluvia, aclaró que la reforma no sólo no la prohíbe, sino que la impulsa como alternativa en zonas rurales, y únicamente se regularán obras de gran escala que ya funcionan como presas y pueden dañar ríos o ecosistemas.
Morales insistió en que ningún derecho adquirido será afectado: concesiones vigentes, pozos domésticos y prácticas como rentar parcelas con agua seguirán protegidos.
“Todos los derechos están salvaguardados. Nadie va a perder su título por esta reforma”, subrayó.
Justicia hídrica y transparencia
Reiteró que la iniciativa fortalece los sistemas comunitarios de gestión del agua y establece un esquema de concesiones transparente, con reglas claras y “cero tolerancia a la corrupción”, tanto para funcionarios que otorguen concesiones a cambio de beneficios como para quienes pretendan comprarlas.
Morales dijo que la reforma es un esfuerzo de justicia hídrica y de visión de largo plazo. “Queremos garantizar que en México abramos la llave y haya agua hoy y para nuestras futuras generaciones”, apuntó.
Por último, pidió a los productores informarse por vías oficiales y no caer en mensajes que, aseguró, provienen de quienes están perdiendo privilegios con el nuevo ordenamiento.
