El coordinador general de Política y Gobierno, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, rechazó categóricamente que las recientes reformas a la Ley de Amparo, aprobadas por el Congreso de la Unión, sean regresivas o limiten el acceso de la ciudadanía a la defensa de sus derechos.
Durante su intervención en Palacio Nacional, Arturo Zaldívar afirmó que las modificaciones buscan modernizar el sistema judicial, hacerlo más ágil, digital y eficiente, y cerrar espacios al uso indebido del amparo en beneficio de intereses privados o del crimen organizado.
“Un gobierno que viene de una historia de defensa de la democracia y los derechos humanos no podría proponer reformas regresivas. El amparo sigue siendo el instrumento más importante de defensa de los derechos de las personas”, subrayó.
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Defensa de los derechos colectivos y ambientales
Ante las críticas de que la reforma restringe el interés legítimo y excluye los derechos colectivos, el exministro aclaró que no se limita el acceso al amparo, sino que se precisan los elementos esenciales de esa figura para evitar interpretaciones erróneas.
“El interés legítimo ni se acota ni se elimina. La defensa de los derechos difusos, colectivos y del medio ambiente sigue plenamente vigente. Basta leer el texto aprobado para constatarlo”, enfatizó.
Suspensión de cuentas y combate al lavado de dinero
Uno de los puntos más polémicos, reconoció Zaldívar Lelo de la Rea, ha sido el relacionado con la suspensión de amparos en casos de bloqueo de cuentas vinculadas con lavado de dinero.
Explicó que las modificaciones buscan evitar que delincuentes financieros utilicen el amparo para desbloquear recursos ilícitos, pero garantizan protección a quienes actúan de buena fe.
“Si una persona puede acreditar el origen lícito de su dinero, se le otorgará la suspensión. Además, incluso cuando no proceda, podrá disponer del ‘mínimo vital’ para pagar salarios, impuestos o pensiones. Es una postura equilibrada”, explicó.
También precisó que la reforma excluye la suspensión cuando el acto impugnado derive de una actividad federal que requiere permiso o concesión, y el solicitante no cuente con ella.
“No se puede usar el amparo para sustituir licencias o permisos que no existen”, señaló.
Créditos fiscales firmes: menos abusos, más eficiencia
Otro ajuste relevante se refiere a los créditos fiscales firmes. Zaldívar indicó que, en adelante, una vez que exista resolución definitiva sobre un adeudo, no podrán impugnarse las etapas intermedias del cobro, lo que reducirá litigios prolongados y pérdidas para el erario.
“Durante años, los procedimientos de cobro se alargaban con múltiples recursos. Con esta reforma, el Estado podrá recuperar más rápido lo que legalmente corresponde, sin afectar el derecho de defensa de los contribuyentes”, afirmó.
Sin retroactividad y con plena constitucionalidad
Ante señalamientos de que las modificaciones tendrían efectos retroactivos, el funcionario fue enfático:
“No hay retroactividad en materia procesal. Los juicios de amparo en trámite seguirán rigiéndose por la ley vigente al momento de su inicio. Solo las etapas futuras se ajustarán a la nueva normativa. Lo demás es mentira.”
Zaldívar acusó a algunos críticos de “mentir deliberadamente” por intereses personales o políticos, entre ellos exmagistrados y abogados ligados a grandes deudores fiscales o empresas energéticas.
“El amparo sigue siendo orgullo nacional”
Finalmente, Arturo Zaldívar aseguró que el nuevo marco legal mantiene intacto el espíritu del juicio de amparo como herramienta de protección de los derechos humanos, pero corrige distorsiones que permitían abusos.
“El amparo seguirá siendo un orgullo de México: más breve, más cercano, más claro y más justo. Lo que se busca es una justicia moderna, transparente y al servicio de la gente, no de los intereses creados”, concluyó.
