Ciudad de México, 30 ago. (AMEXI).- Organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos efectuaron una marcha en la Ciudad de México para exigir la presentación con vida de los desaparecidos y castigo a los perpetradores de ese delito de lesa humanidad, en el marco del Día Internacional del detenido-desaparecido.
En la marcha participaron el Comité Cerezo, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo y el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), entre otras muchas organizaciones.
Los manifestantes exigieron al Estado Mexicano garantizar el acceso a la justicia.
Virginia y Daniela, mujeres triquis desaparecidas hace 17 años
Pascual de Jesús González, dirigente del MULT en la Ciudad de México, señala que las organizaciones que marcharon este día exigen la “presentación con vida de todos los desaparecidos, así como la libertad de todos los presos políticos”.
Entre las desapariciones destaca los casos de las hermanas Virginia y Daniela Ortiz Ramírez, desaparecidas el 5 de julio en la región Triqui del estado de Oaxaca.
En esa población habían creado una radio comunitaria para promover los derechos de los pueblos originarios.
Al momento de su desaparición, Virginia tenía 20 años y era profesora de educación indígena e integrante de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE); Daniela tenía 13 años.
Pasaron por el estado de Oaxaca cinco procuradores y tres fiscales durante los 17 años desde su desaparición, pero no hay avances en las indagaciones sobre el paradero de ambas.
Presentación con vida de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya
En la marcha también participó Nadín Reyes Maldonado, hija de Edmundo Reyes Amaya, desaparecido junto con Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
Ambos son reivindicados por el Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR), organización que señala que, como ocurre en muchos casos de desaparecidos, “cuando se toca al Ejército se para todo el proceso”.
Sobre el caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el 10 de agosto de 2022 una resolución en la que se reconoce que fue un crimen de Estado y ordenó la formación de una Comisión Especial de Búsqueda (CEB).
La CER está integrada por representantes de dependencias gubernamentales, como la Fiscalía General de la República (FGR), las secretarías de Gobernación (Segob) y de la Defensa Nacional (Sedena) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
También la integran comisiones locales de búsqueda, colectivos de familiares de desaparecidos, organizaciones acompañantes de las víctimas y abogados.
A pesar de ello, Nadín Reyes lamenta que “hay órdenes de aprehensión que no se han ejecutado”, en referencia a la orden contra Evencio Nicolás Martínez Ramírez, exprocurador de Justicia de Oaxaca que hoy sigue prófugo de la justicia.
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La Sedena y la exCISEN tampoco responden a las peticiones de información de la CEB, agrega.
Gabriel Alberto y Edmundo fueron detenidos por efectivos del Ejército Mexicano el 25 de mayo de 2007 en el hotel El Árbol, en el Centro de la ciudad de Oaxaca.
Memoria, verdad y justicia para todos los desaparecidos
En una lona que portaban los manifestantes figuran imágenes y nombres de casi 40 desaparecidos, militantes y dirigentes de las organizaciones sociales.
Entre ellos se encuentra el profesor Carlos René Román Salazar, miembro de la Sección 22 del SNTE-CNTE, desaparecido el 14 de marzo de 2011.
También figura el profesor Gregorio Alfonso Alvarado López, dirigente del Partido Comunista de México (marxista-leninista) y miembro de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), organización integrante de la CNTE, desaparecido el 26 de septiembre de 1996, en Chilpancingo, Guerrero.
Asimismo, el indígena Lauro Juárez, militante del Frente Popular Revolucionario (FPR), quien desapareció el 30 de diciembre de 2007, cuando participaba en un bloqueo carretero en el paraje denominado El Vidrio, Juquila, en Oaxaca.
