Ciudad de México, 31 jul. (AMEXI).- Más de 33 mil elementos de la Guardia Nacional, creada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para combatir la inseguridad y violencia, operan sin ningún tipo de certificación policial, exámenes que los acrediten para realizar esas funciones.
Ese número corresponde al 26 % de los 133 mil 48 uniformados, que en su mayoría son soldados y marinos que operan de forma “irregular”.
Asimismo, de la creación de la Guardia Nacional no existen resultados relevantes en términos de seguridad pública ni combate al crimen, ya que un porcentaje importante es utilizado en otras actividades, como la contención de migrantes, además de que el fortalecimiento presupuestal de las Fuerzas Armadas ha provocado estancamientos o mermas de recursos a las policías locales.
En el Quinto Informe del Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización en México, documento elaborado en conjunto con la organización Causa en Común, se expone que dicha institución sigue sin dar resultados relevantes, en medio de la opacidad y con quejas por violaciones a los derechos humanos y una cuarta parte sin certificación.
Una cuarta parte de los elementos trabaja de manera irregular
El informe presentado en el Senado indica que en 2019 había un total de 74 mil 473 elementos de la Guardia Nacional, de los cuales 78 % eran militares y marinos.
En marzo de 2024 se informó de un total de 133 mil 48 elementos de la Guardia Nacional; sin embargo, en el de seguridad de abril de 2024, se reportaron 132 mil 612 uniformados.
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Respecto del Certificado Único Policial (CUP) que por ley están obligados a tener todos los elementos de la Guardia Nacional, según informe del gobierno, del 2019 al 20 de abril del 2024 se había otorgado a 96 mil 732 integrantes de la GN.
Esto indica que, a cinco años del inicio de operaciones, sólo el 74 % de los elementos cuentan con CUP. Es decir, una cuarta parte no tiene dicha certificación, cursos o preparación, por lo que operarían en forma irregular.
La opacidad aumenta el riesgo de corrupción
El incremento presupuestal a las Fuerzas Armadas, en combinación con la “tradicional opacidad” en estas, añade el documento, aumentan el riesgo de corrupción, además de que también se incrementa el peligro de un mayor número de violaciones a los derechos humanos, al poner a estas instituciones en tareas de seguridad que no les corresponden.
Además, a pesar de que el artículo 76 constitucional establece la obligación para el Senado de la República de analizar y aprobar el informe anual que el Ejecutivo Federal presente sobre las actividades de la institución, en cinco años de actividades sólo se han presentado tres informes.
El senador Emilio Álvarez Icaza Longoria, organizador del evento, enfatizó que la seguridad nacional supone políticas de Estado cuyo principio es dialogar y escuchar a los diversos actores de la sociedad; no obstante, lamentó que en este sexenio ha habido una gran dificultad para hablar sobre este tema, particularmente con las organizaciones civiles.
“Me parece que es una primera debilidad, como país, que no estemos encontrando las formas para dialogar, eventualmente, para uno de los temas que más nos duele como sociedad; es uno de los temas que más nos preocupa, y eso apunta a un desafío para la próxima administración”, añadió el legislador del PRD.
Abren posibilidad de que las Fuerzas Armadas se metan en todo
Advirtió, en ese sentido, que debe ponerse la posibilidad de la “militarización de la República” en el centro del debate, pues las propuestas de reforma remitidas por el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión buscan “abrirle las puertas” a las Fuerzas Armadas de la posibilidad de que se “metan en todo”, como ya se ha observado al cederles, por ejemplo, el control de las aduanas o aeropuertos.
En su intervención, María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, expuso que, desde su creación en 2019, la Guardia Nacional ha recibido sólo 16 recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
No obstante, de enero de ese año a mayo de 2024, tanto esa institución como las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina acumularon 4 mil 800 quejas por violaciones a los derechos humanos.
Los mismos informes de la Guardia Nacional, añadió, detallan entre 2020 y 2023 que no ha habido elementos sancionados penalmente por faltas, además de que, a pesar de que ha habido denuncias de espionaje a periodistas y activistas de derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas, la CNDH niega que esto exista.
