El gobierno de México rechazó el informe del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU al considerar que es “tendencioso” y omite avances institucionales en la materia desde 2018, especialmente a partir de reformas recientes.
Postura sobre las conclusiones del documento
En un comunicado conjunto, las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores señalaron que el documento “no toma en cuenta las observaciones, análisis y actualizaciones presentadas por el gobierno de México”, lo que deriva en conclusiones que no coinciden con la definición internacional del delito ni con los cambios implementados.
El gobierno sostuvo que el mecanismo de la Convención Internacional aplica a contextos donde las desapariciones son “generalizadas y sistemáticas por agentes del Estado”, lo cual —afirmó— “no corresponde a la realidad del México actual”.
Crítica al periodo evaluado por el Comité
Además, criticó que el informe se base principalmente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante administraciones anteriores, y que ignore información actualizada entregada antes de la resolución. “La decisión del Comité es parcial y sesgada”, acusó.
El comunicado también subraya que el propio Comité reconoce que no existen indicios de una política federal de desapariciones sistemáticas, lo que —según el gobierno— confirma un cambio respecto a periodos previos.
Acciones recientes y disposición al diálogo
En ese sentido, las autoridades defendieron que en la actual administración “no se tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas” y destacaron reformas aprobadas en 2025, como la Alerta Nacional de Búsqueda, la obligación de iniciar investigaciones inmediatas y el fortalecimiento de bases de datos forenses.
Finalmente, el gobierno reiteró su disposición a cooperar con organismos internacionales, pero advirtió que no aceptará evaluaciones basadas en “premisas que no reflejan su realidad actual”, al tiempo que reafirmó su compromiso con la búsqueda de personas desaparecidas y la justicia para las víctimas.
