Tras meses de gestiones diplomáticas y consulares, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el connacional Jesús Muñoz Gutiérrez arribó este domingo a la capital mexicana, procedente de Juba, Sudán del Sur.
El connacional llega a la Ciudad de México después de que lo deportaron de manera arbitraria por Estados Unidos el pasado 20 de mayo al país africano.
El connacional cumplió una sentencia de 25 años en prisión en Estados Unidos, pero en lugar de ser enviado de regreso a México, lo trasladado sin justificación legal a la nación africana, donde permaneció hasta que se concretó su retorno.
Intervención diplomática y protección consular
El 5 de septiembre, el embajador de México en Etiopía, Alejandro Estivil viajó personalmente a Juba para recibir a Muñoz Gutiérrez e iniciar el proceso de repatriación.
Durante todo este periodo, la Embajada mexicana en Etiopía, junto con la Dirección General de Protección Consular y Planeación Estratégica y la Dirección General de África y Medio Oriente, mantuvo comunicación constante con autoridades de Sudán del Sur, garantizando que el connacional estuviera en buen estado de salud y acompañado en su situación migratoria.
Asimismo, la Cancillería mexicana mantuvo informada a su familia sobre cada una de las gestiones realizadas para su regreso seguro.
El viaje de retorno contó con el acompañamiento de personal consular en Etiopía y del Consulado de México en Frankfurt.
Finalmente, en la Ciudad de México lo recibió la directora general de Protección Consular y Planeación Estratégica, Vanessa Calva.
Contexto y compromiso del Gobierno de México
El caso refleja los retos que enfrentan connacionales en el exterior y subraya la importancia de la protección consular como prioridad de la política exterior de México.
La Cancillería reiteró que este principio se mantiene sin distinción del estatus migratorio o la ubicación geográfica de los mexicanos en el mundo.
La repatriación de Muñoz Gutiérrez también se da en un contexto internacional complejo en materia de migración y derechos humanos, donde los casos de deportaciones irregulares y violaciones al debido proceso son motivo de atención por parte de organismos multilaterales y gobiernos.
Con este retorno, México reafirma su postura: la defensa de sus ciudadanos en cualquier país constituye una obligación ineludible del Estado mexicano.