Ciudad de México, 20 jul. (AMEXI).- Miles de colombianos siguen cruzando naciones de Centroamérica y México para tratar de llegar a Estados Unidos, un porcentaje de ellos realizan la travesía en medio del acecho del crimen organizado transnacional, de extorsiones y detenciones de agentes migratorios y militares, así como del abandono de su gobierno y de autoridades de la región.
Tan sólo en 2023 se calcula que alrededor de unos 16 mil migrantes colombianos cruzaron el Tapón del Darién, la peligrosa selva entre Colombia y Panamá, con destino a Estados Unidos, lo que representa un aumento de 214 %, revela un informe de la Defensoría del Pueblo del país cafetalero.
Un informe de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) revela que “el crimen organizado controla la ruta migratoria a través de Colombia. Desde los cruces informales o trochas en la frontera con Ecuador hasta cada paso del camino a través de la selva del Darién a Panamá, son controlados por grupos criminales”.
Dicho control se divide entre varios grupos cerca de Ecuador y se concentra en un grupo poderoso ─el Clan del Golfo─ en la región colombiana del Darién.
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Las ganancias que obtienen de las personas migrantes son actualmente, junto con la cocaína y la extracción ilícita de metales preciosos, la principal fuente de ingresos de los grupos armados y criminales de Colombia, algunos de los cuales el Comité Internacional de la Cruz Roja considera actores del conflicto armado.
La ausencia del gobierno en las fronteras
La investigación realizada por Adam Isacson expone que el Estado colombiano está ausente de ambas zonas fronterizas. “Esta es una realidad que hemos observado en viajes de investigación anteriores en muchas de las zonas de conflicto armado y cultivos ilícitos en Colombia”.
El gobierno nacional no está haciendo lo suficiente para gestionar los flujos de migración, determinar quién pasa o proteger a las personas en situación de vulnerabilidad. En todos los niveles de gobierno, los organismos responsables están mal coordinados y rara vez presentes.
Los puntos de control, patrullas y detenciones son poco frecuentes, así como los servicios humanitarios y el acceso a la protección. A pesar de los ambiciosos planes para “fortalecer al Estado” en zonas de conflicto ─el más reciente, siendo el acuerdo de paz de Colombia de 2016─, en los puntos clave a lo largo de la ruta migratoria hay un vacío estatal que es llenado por grupos armados y grupos criminales.
Los migrantes venezolanos
“Colombia se enfrenta al reto de integrar a personas migrantes y refugiadas venezolanas. A la luz del deterioro masivo de la situación en Venezuela, la respuesta humanitaria de Colombia a las personas venezolanas forzadas a huir sigue siendo más completa y generosa que la de la gran parte de Sudamérica”.
Sin embargo, la trayectoria reciente del gobierno colombiano es preocupante. Ahora es más difícil para las personas venezolanas ─especialmente para las recién llegadas─ obtener documentación y acceder a servicios en Colombia.
Las vías para obtener la residencia permanente, incluido el asilo, son muy escasas. Dado el retraso en estos procesos y la dificultad en integrarse, hay más que se embarcan en el peligroso viaje hacia el norte.
“Esta realidad tiene un impacto diferenciado y más grave en mujeres adultas, que son más de una cuarta parte de las personas que transitan por Colombia, o que buscan instalarse en el país ─especialmente mujeres cabeza de familia─ y otra cuarta parte correspondiente a la población infantil”.
Algunos países recurren a medidas de bloqueo, detención y deportación que disuade a pocos migrantes y crea grandes oportunidades para el crimen organizado, los traficantes de personas y los funcionarios corruptos que los habilitan.
Pero Colombia se inclina por otra opción: hacer poco o nada, con una presencia estatal mínima, dejando un vacío que los grupos armados y criminales están llenando.
