La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, afirmó que la política social en México vive una transformación estructural al dejar atrás el modelo neoliberal basado en programas asistenciales, focalizados y condicionados, para consolidarse como una política de derechos universales reconocidos en la Constitución.
Al exponer las diferencias entre ambos enfoques, Montiel señaló que durante décadas los programas sociales respondieron a una lógica electoral y discrecional.
“Antes era una política asistencial; hoy estamos construyendo una política de derechos, porque estos derechos están en la Constitución”, sostuvo.
Los cambios
En conferencia de prensa, Montiel Reyes recordó que esquemas como Solidaridad, Progresa, Oportunidades y Prospera, aplicados por distintos gobiernos, operaban bajo la focalización, lo que, dijo, impedía la construcción de derechos.
“La focalización no construye derechos; por el contrario, era una estrategia de discrecionalidad política y electoral”, sostuvo.
Uno de los cambios centrales, explicó la funcionaria federal, es el reconocimiento de los pueblos indígenas.
“Históricamente habían sido olvidados y hoy no sólo son sujetos de derechos individuales, sino comunidades sujetas de derecho, con atención prioritaria”, dijo tras destacar que este reconocimiento permite fortalecer la capacidad del pueblo para exigir lo que legalmente le corresponde.
Montiel subrayó que los apoyos dejaron de estar condicionados a la entrega de despensas, materiales o favores.
“Antes se entregaban cosas en especie que se convirtieron en negocios de funcionarios; hoy se genera un ingreso básico para las familias”, afirmó y resaltó la importancia del monto individual de los apoyos y de la inversión social anual.
El gobierno con el pueblo
Otro cambio clave que mencionó que la eliminación de intermediarios. “Desde el 1 de diciembre de 2018 se terminó la entrega a través de organizaciones; hoy hay una relación directa del gobierno con el pueblo”, explicó.
Refirió que las personas se registran directamente reciben su tarjeta del Banco del Bienestar y cobran de manera periódica, lo que permite mayor transparencia.
En ese contexto, destacó el uso de tarjetas bancarias para sustituir el pago en efectivo. “Pasamos de un esquema costoso y complejo a uno que permite dispersar los recursos con transparencia”, apuntó.
Aridna Montiel también resaltó que, a diferencia del pasado, los programas ya no operan de manera aislada.
“Antes cada programa tenía su propia estructura y generaba costos superiores; hoy hay una estrategia integral coordinada por la presidenta y un gabinete de bienestar”, con el objetivo de llegar a los rincones más apartados del país, añadió.
Al referirse a la pensión para adultos mayores, la secretaria la vinculó con la historia de la llamada transformación y tras recordar que tiene su origen con Andrés Manuel López Obrador como jefe de Gobierno capitalino y que decían que iban a quebrar las finanzas.
Señaló que posteriormente otros gobiernos replicaron el programa, pero sin universalidad ni incrementos reales. “La copiaron mal, no era universal y excluía a pensionados y jubilados”, afirmó.
Con la llegada del actual proyecto en 2018, abundó, la pensión se volvió universal y se cumplió el compromiso de duplicar su monto.
“En 2018 se entregaban mil 160 pesos bimestrales; hoy llegamos a 6 mil 200 pesos”, detalló al asegurar que los incrementos continuarán.
Gasto social-decisión política
En términos de inversión, Montiel comparó los recursos destinados en distintos sexenios y aseguró que el gasto social refleja una decisión política.
“Mientras antes se invertían decenas o cientos de miles de millones, en siete años de la transformación se han destinado más de un billón de pesos a la pensión de adultos mayores”, expuso.
Subrayó que la creación de la pensión para personas con discapacidad, inexistente en gobiernos anteriores. “No estaban en la agenda pública; hoy es un derecho constitucional”, afirmó.
Tras indicar que se reconoce el derecho a la rehabilitación como un “derecho llave” para alcanzar la autonomía, agregó que “ya se acabó el esquema donde los derechos eran una mercancía; hoy estamos construyendo ciudadanía desde otra lógica”.
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