El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aplica acciones afirmativas de manera progresiva, pero aún hay retos y es necesario analizar si se deben incrementar de cara al próximo proceso electoral e incluso en la Consulta del Presupuesto Participativo.
Lo anterior lo señaló la consejera electoral, Sonia Pérez, al participar en la Jornada por la Defensa de los Derechos Político-Electorales, organizada por la Defensoría Pública Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para garantizar derechos político-electorales de personas discriminadas históricamente.
Logra IECM que partidos políticos apliquen acciones afirmativas
La consejera presidenta de la Comisión Provisional para el Seguimiento de la Participación Política de las Mujeres y los Grupos de Atención Prioritaria explicó que el IECM, en el Proceso Electoral 2023-2024, logró que los partidos políticos aplicaran acciones afirmativas en sus candidaturas.
Agregó que se incluyeron personas jóvenes, adultas mayores, de la diversidad sexual, con discapacidad, de pueblos y barrios originarios o comunidades indígenas, y afromexicanas, además de paridad, en las postulaciones.
“Avanzamos juntos Instituto, partidos y ciudadanía en este respeto de los derechos, veámoslo desde esa perspectiva, y ahora lo que tenemos que hacer es analizar si son suficientes y cómo podemos seguir avanzando para el siguiente proceso electoral”, señaló.
El desafío es lograr la inclusión
Al interior de los partidos políticos, explicó, hay resistencias para aplicar acciones afirmativas, al argumentar que no hay personas de algún grupo vulnerable que puedan postular o proponen conocer la agenda de cada grupo para incorporar sus demandas a sus plataformas electorales, pero sin abrirles espacio en las candidaturas.
Otro desafío es lograr que los actos de campaña, durante un proceso electoral, sean inclusivos, para que las candidaturas puedan acercarse a las personas que buscan representar.
Mencionó que un reto más está relacionado con la Consulta de Presupuesto Participativo, pues habría que valorar si un porcentaje de los recursos asignados por las alcaldías para proyectos de la ciudadanía tendría que ser reservado para estos grupos.
Referente al porcentaje de financiamiento público que los partidos políticos destinan para actividades de capacitación y educación política (Gasto Programado), tanto del liderazgo político de la mujer como del liderazgo de los jóvenes, señaló que sería necesario incluir a estos grupos prioritarios en tales obligaciones de gasto.
