La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que su gobierno mantiene abiertas las mesas de diálogo con todos los sectores que presenten demandas legítimas, pero advirtió que no se puede comprometer “lo que no es posible cumplir”.
En la “Mañanera del Pueblo” de este miércoles, Sheinbaum Pardo subrayó que su administración prefiere “hacer compromisos, no promesas”, y que cada planteamiento de los agricultores y transportistas debe revisarse según los recursos disponibles.
Precio internacional de maíz afecta a agricultores mexicanos
La mandataria explicó que uno de los casos más recientes es el de los productores de maíz, afectados por la caída del precio internacional del grano.
Recordó que este valor se define en la Bolsa de Chicago y responde a condiciones distintas a las mexicanas, donde predomina el maíz blanco para autoconsumo, a diferencia del maíz amarillo, en gran parte transgénico, que se comercializa en Estados Unidos.
Sheinbaum detalló que su gobierno impulsa acuerdos tripartitas para apoyar a los productores, con participación de empresas compradoras, gobiernos estatales y el gobierno federal.
Estos esquemas buscan elevar el precio que reciben los agricultores, reducir costos de transporte y limitar la intermediación que presiona los precios a la baja.
Aseguró que la prioridad es proteger a los pequeños productores y replicar los acuerdos ya avanzados en entidades del Bajío.
Bloqueos carreteros recurrentes
En cuanto a las protestas que incluyen bloqueos carreteros, la presidenta cuestionó el porqué de estas acciones cuando existen mesas abiertas para atender sus planteamientos.
Sostuvo que, aunque siempre se busca el diálogo, hay demandas imposibles de atender, sobre todo cuando implican recursos que no existen o la defensa de antiguos privilegios.
Añadió que el gobierno trabaja también en la reducción de asaltos carreteros mediante operativos y el monitoreo de denuncias recibidas a través del 088 de la Guardia Nacional.
Ley General de Aguas
Sobre la iniciativa de Ley General de Aguas, Sheinbaum defendió que el objetivo central es ordenar el uso del recurso y frenar su mercantilización.
Recordó que desde 1992, con la reforma que fortaleció a la Conagua, se permitió la transmisión de concesiones como si fueran bienes privados, lo que derivó en la sobreexplotación de ríos y acuíferos.
Aseguró que su gobierno ya inició la depuración de bases de datos y la recuperación voluntaria de concesiones que no se usan.
La mandataria subrayó que la nueva ley impedirá la compra-venta de concesiones y obligará a que cualquier agua no utilizada regrese al Estado.
Explicó que este ordenamiento evita que grandes concesionarios acumulen volúmenes excesivos o lucren con un recurso que debe ser público.
Denunció que en algunos distritos de riego se vende agua a municipios, generando ganancias millonarias para unos cuantos.
“Eso no puede seguir”, sentenció.
Sheinbaum insistió en que la reforma busca garantizar el agua como derecho humano y como recurso estratégico de la nación, no limitar el desarrollo económico.
Por el contrario, abundó, se promueve la tecnificación del riego y un uso más eficiente del agua para impulsar la producción agrícola.
Agregó que las manifestaciones contra la ley provienen, en algunos casos, de quienes se beneficiaron de la entrega masiva de concesiones en sexenios anteriores.
Finalmente, la presidenta llamó a clarificar el debate público: “Que se diga abiertamente si están a favor del acaparamiento del agua”.
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