Ciudad de México, 24 abr. (AMEXI).- La extitular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), ya ganó todos los juicios que se iniciaron en su contra por el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) por supuesto desvío de recursos públicos en la administración de Enrique Peña Nieto.
La nueva víctoria para Rosario Robles y el nuevo revés para Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, está relacionado con el fallo del Noveno Tribunal Colegiado en materia Penal, quien le negó un amparo a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La ASF se inconformó contra la resolución de Roberto Paredes Gorostieta Femat, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur, quien el 24 de febrero de 2023, autorizó la anulación de la causa penal. Con esa sentencia se anuló cualquier delito en contra de Rosario Robles.
Al analizar el caso, el cuerpo colegiado órgano, aprobó el proyecto de sentencia del Magistrado Juan Carlos Ramírez Benítez, quien propuso confirmar la sentencia del Primer Tribunal Colegiado de Apelación, así como de un juez de control. Ambos determinaron la falta de pruebas para comprobar algún delito penal contra Rosario Robles, motivo por el cual, sólo fue sancionada, únicamente, por la vía administrativa.
Al conocer la sentencia, Rosario Robles, escribió a través su cuenta de X: “se acabó la infamia! Hoy el 9 Tribunal Colegiado ratificó mi absolución y negó que la @ASF tuviera razón en el amparo que promovió. La justicia triunfó. Derrotamos la venganza y el uso faccioso de nuestras instituciones para perseguir adversarios #SiEsVenganzaNoEsJusticia”.
Las acusaciones contra Rosario Robles iniciaron al comenzar el sexenio, por el supuesto desvío de recursos públicos a través de Sedesol y Sedatu. Según el Ministerio Público, ella tuvo conocimiento, pero nunca informó a su superior jerárquico, en este caso al entonces presidente Enrique peña Nieto.
El 13 de agosto de 2010 un juez de Control la vinculó a proceso por el delito de uso indebido del servicio público y ordenó prisión preventiva justificada por dos meses en el Penal de Santa Martha Acatitla. Su ingreso en la cárcel se prolongó hasta 19 de agosto de 2019.
