Las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos del Senado aprobaron en menos de 3 horas reformas a la ley contra el lavado de dinero, conocida como Ley Antilavado, partidos de oposición alertaron sobre riesgos de vigilancia excesiva.
Esa reforma dota de mayores facultades a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda para investigar, supervisar y en caso extremo congelar cuentas.
Se podrían congelar cuentas ante la presunción de posibles delitos que impliquen operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, entre otros.
Incluye el monitoreo como Personas Políticamente Expuestas (PEP) a:
- Sindicatos
- Colegios de profesionistas
- Iglesias
- Partidos políticos
- Órganos autónomos
- Legisladores
- Juzgadores
- Fiscales
- Policías
- Secretarios de Estado
- Servidores públicos de los tres niveles de gobierno y de los tres poderes de la Unión.
- Violación de derechos
Con 23 votos a favor, cero en contra y seis abstenciones las comisiones unidas del Senado avalaron reformas a la Ley Antilavado.
El dictamen modifica y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, además de modificar los artículos 11 Bis y 400 Bis del Código Penal Federal.
Los partidos de oposición alertaron sobre riesgos de vigilancia excesiva, uso faccioso y violación de derechos con las nuevas atribuciones de índole administrativa a la Secretaría de Hacienda y a la UIF.
Amplía vigilancia financiera
Esta reforma amplía el espectro de vigilancia financiera al incorporar, a la propia UIF como “víctima”, cuando se comentan delitos que afecten al sistema financiero, lo que le permitirá coadyuvar en las investigaciones.
La Secretaría de Hacienda será responsable de elaborar y mantener actualizado un listado nominativo de servidores públicos clasificados como PEP, y podrá solicitar información patrimonial y financiera directamente a entidades públicas, sin que medie orden judicial.
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Las dependencias federales, locales y municipales, así como órganos autónomos, empresas públicas y fiscalías deberán remitir sus listados a Hacienda.
Obligación de monitorear intensivamente
Se impone la obligación de monitorear intensivamente a las PEP en actividades financieras consideradas de riesgo.
También de contar con manuales internos para detectar operaciones sospechosas en las llamadas «actividades vulnerables», incluyen casinos, joyerías, bienes raíces, venta de autos, obras de arte, préstamos y donativos, entre otras.
Cumplir compromisos con GAFI
Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, señaló que la reforma busca cumplir compromisos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Además, dijo que se busca evitar sanciones internacionales y garantizar que las actividades económicas en México sean legales y transparentes.
Afirmó que estas medidas buscan prevenir que recursos ilícitos contaminen el sistema financiero.
Persecución a opositores
En conferencia de prensa, Manuel Añorve, coordinador del PRI, denunció que la reforma da herramientas al gobierno para “congelar cuentas por simple sospecha”.
Advirtió un uso faccioso para perseguir a opositores, sindicatos, iglesias, partidos políticos y organizaciones civiles sin necesidad de juicio previo.
“Esta reforma tiene una orientación política de control prácticamente absoluto, esto se convierte como en Venezuela para poner un ejemplo, en una vigilancia política, en una justicia financiera a modo del gobierno, o sea, es una persecución disfrazada”, observó.
Manuel Añorve aseguró que le están dando superpoderes a la Secretaría de Hacienda, la UIF y a la Guardia Nacional.
“Se convierte el gobierno, vía estas dependencias, en juez, policía y verdugo, sin controles, sin juicios, sin posibilidad de defensa y violan la presunción de inocencia con una sonrisa”, precisó.
Acceso a datos personales
En la sesión de las comisiones unidades, la vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, expresó preocupación por el acceso sin restricciones a datos personales y financieros de los mexicanos.
“Esto nos parece sumamente grave, porque se trata de darle acceso absoluto a la Secretaría (de Hacienda) sin limitación alguna, sin intervención judicial previa, ni mucho menos”, declaró.
Comentó que MC abiertamente le dijo no a esta propuesta, porque le parece delicado en un país donde la seguridad de las familias está en riesgo.
“Nos parece muy delicado que un ente de gobierno con una simple solicitud pueda tener acceso a datos personales de las familias mexicanas, información financiera y patrimonial y a todos los que tenga parentesco”, afirmó.
Ambigüedad sobre PEP.
Guadalupe Murguía, senadora del PAN, alertó sobre el riesgo de ambigüedad en la definición de PEP.
Cuestionó que sea la Secretaría de Hacienda la encargada de interpretar e implementar las disposiciones, lo que consideró “jurídicamente inconveniente”.
Añadió que empresarios han manifestado preocupación por la carga administrativa impuesta a quienes realicen actividades comerciales que excedan ciertos umbrales de operación.
“Sin embargo, queremos alentar, advertir de posibles excesos que pudieran cometerse en relación con los derechos personales, la vida privada, la propiedad, el secreto bancario y el principio de presunción de inocencia”, precisó.
