El PAN en San Lázaro informó que amplió la denuncia presentada el pasado 6 de enero, por el descarrilamiento del Tren Interoceánico, tragedia que cobró la vida de 14 personas y dejó decenas de lesionados.
La diputada Silvia Patricia Jiménez Delgado exigió una investigación exhaustiva, independiente y sin encubrimientos del accidente del Tren Interoceánico.
Lo anterior, toda vez que no puede explicarse como un hecho fortuito, sino como consecuencia de negligencias graves, decisiones irresponsables y un manejo opaco de los recursos públicos.
La legisladora advirtió que no se puede normalizar la pérdida de vidas humanas ni de defender lo indefendible.
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El Estado tiene la obligación de investigar
La legisladora del PAN subraya que cuando una obra pública falla y cobra vidas, el Estado tiene la obligación constitucional y moral de investigar hasta las últimas consecuencias.
Asimismo, deslindar responsabilidades y garantizar que hechos de esta gravedad, como el descarrilamiento del Tren Interoceánico, no se repitan.
Recalcó que en Acción Nacional no se denuncia por consigna, sino porque la mala supervisión gubernamental y el uso indebido del dinero público pusieron en riesgo la vida de las personas.
Amplían formalmente denuncia
En este contexto, la diputada federal informa que su grupo parlamentario amplió formalmente la denuncia presentada el pasado 6 de enero, originalmente interpuesta por posibles irregularidades en el uso de recursos públicos, fallas de supervisión y omisiones graves en la operación del proyecto.
La ampliación incorpora nuevos hechos, datos de prueba y elementos técnicos que no se habían considerado inicialmente y que fortalecen la exigencia de responsabilidades administrativas y penales.
“Acción Nacional dejó claro que no se trata de un simple seguimiento, sino de una aportación continua de información para evitar la impunidad”, precisa la legisladora.
¿Cuántas auditorias acumuló el Corredor Interoceánico?
Jiménez recuerda que el proyecto del Corredor Interoceánico acumuló al menos 14 auditorías y revisiones con observaciones técnicas relevantes.
Explica que dichas auditorias las ignoró el gobierno federal, mientras se mantenía la operación con infraestructura obsoleta y trenes con más de cinco décadas de antigüedad.
Incluso, el tramo donde ocurre el descarrilamiento había sido intervenido apenas días antes del accidente, pese a que se destinaron miles de millones de pesos a supuestas correcciones y trabajos de modernización.
Asimismo, advierte que la tragedia se agrava por la forma en que se ejecutó el proyecto bajo un esquema de militarización, al ser entregado a las Fuerzas Armadas.
Indica que debido a ello se redujeron los controles civiles, se limitó la transparencia, los mecanismos de fiscalización, y se diluyó las responsabilidades administrativas y operativas.
