El presidente de la Comisión de Radio y Televisión, Miguel Monraz Ibarra, llamó al Senado de la República a detener la aprobación apresurada de la reforma de Telecomunicaciones y Radiodifusión y evitar la concentración de poder, que puede afectar la democracia y la libre competencia en el sector de las telecomunicaciones.
“Nosotros hemos convocado para que se retire esta reforma y podamos discutir realmente con expertos y que no simplemente sean conservatorios o foros donde se escuche y no se tomen decisiones importantes”, expuso.
En entrevista, el legislador del Partido Acción Nacional (PAN) dijo que se debe revisar esta reforma con expertos y que se protejan los derechos fundamentales de los ciudadanos, la privacidad y la seguridad jurídica.
No es la primera intentona del gobierno
Recordó que no es la primera vez que el Estado mexicano intenta meter articulados en reformas para acceder a los datos biométricos y personales.
Criticó la inclusión fragmentada de disposiciones relativas a datos personales en varias reformas como las de telecomunicaciones, seguridad pública y simplificación administrativa, lo que dificulta un debate profundo y una regulación integral.
Externó su preocupación por la potestad que la reforma otorga a la Agencia Digital para administrar y decidir el uso de esta información bajo lineamientos que no están plenamente legislados, lo que la podría, dijo, convertir en un órgano con facultades excesivas, con riesgos para la libertad de expresión y el derecho a la información.
El panista señaló que, a pesar de que se invitó al foro al director de la Agencia Digital, José Merino, así como a representantes de la Secretaría de Gobernación (Segob), éstos no se hicieron presentes, lo que evidencia una falta de disposición del gobierno federal para discutir ampliamente el tema.
Monraz Ibarra mencionó que en años anteriores se observó que hubo un hackeo a entes privados y públicos por parte de la delincuencia para acceder a la información de millones de familias mexicanas.
Esta falta de claridad representa un riesgo para la privacidad y podría afectar tanto a la ciudadanía como a inversionistas internacionales, enfatizó.
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