En una operación conjunta, autoridades federales y militares detuvieron a Lambertina Galeana Marín, de 79 años de edad, exmagistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Guerrero, relacionada con el caso de Ayotzinapa.
La detención de la exmagistrada es por su presunta responsabilidad en los delitos de desaparición forzada de personas y delitos cometidos contra la administración de justicia por servidor público, relacionados con el caso Ayotzinapa.
¿Cómo se lleva a cabo la detención?
La aprehensión se lleva a cabo en un domicilio ubicado en la calle Abasolo, colonia Ruffo Figueroa, en el municipio de Chilpancingo, Guerrero.
Elementos de las dependencias que integran el Gabinete de Seguridad ejecutaron una orden de cateo autorizada por un Juez de Control, tras labores de inteligencia e investigación de campo.
En el operativo intervinieron:
- Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)
- Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR
- Secretaría de la Defensa Nacional
- Secretaría de Marina
- Guardia Nacional
¿En que está implicada la exmagistrada?
Galeana Marín está presuntamente implicada en la desaparición de grabaciones de las cámaras 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala, Guerrero.
Esas cámaras podrían contener evidencia clave de los hechos ocurridos entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural «Raúl Isidro Burgos» de Ayotzinapa.
En 2014, la exmagistrada estaban bajo su cargo a Javier Uribe Iturbe, empleado del área de informática del TSJ estatal, y a Luis Europa Solís Jiménez, técnico en mantenimiento y soporte de cómputo adscrito al Distrito Judicial de Hidalgo en Iguala.
Ambos señalados en las investigaciones como involucrados en el manejo de los sistemas de videovigilancia del recinto judicial.
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¿Qué procede con la detención de Galeana Marín?
Tras su detención, Galeana Marín la notificaron de sus derechos y la pusieron a disposición de la autoridad correspondiente, que continuarán con las investigaciones y definirán su situación jurídica.
Las instituciones del Gabinete de Seguridad reiteraron su compromiso con el esclarecimiento del caso Ayotzinapa y con el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.
También aseguran que este tipo de acciones buscan combatir la impunidad y reforzar el Estado de Derecho.
