En medio del escándalo por la ausencia de legisladores en el pleno y en comisiones, la diputada del PT Martha Aracely Cruz Jiménez presentó una iniciativa de reformas a los artículos 289 y 292 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a fin que las sesiones semipresenciales sean únicamente en casos extraordinarios.
Y este rango tendrá que aprobarlo la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y ser citadas por la presidencia de la Mesa Directiva.
En su argumentación, recordó que durante los últimos años los avances tecnológicos y las circunstancias excepcionales, como la emergencia sanitaria derivada del virus SARS-CoV-2, propiciaron la adopción de mecanismos de trabajo a distancia, incluyendo sesiones virtuales o semipresenciales en los órganos legislativos.
La parlamentaria agregó que estos recursos permitieron garantizar la continuidad de las funciones parlamentarias en un contexto extraordinario.
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Nada sustituye el debate cara a cara
Sin embargo, resaltó que esto no puede ni debe sustituir la esencia de la deliberación democrática: el debate cara a cara, el intercambio directo de ideas, la construcción de consensos y la rendición de cuentas en presencia de la ciudadanía.
En ese sentido, consideró que las sesiones presenciales del pleno y de las comisiones ofrecen garantías de transparencia, autenticidad y control público, al permitir la verificación directa del desempeño de los representantes y de sus posiciones en los temas que atañen al interés nacional.
Dijo que la función legislativa implica un trabajo de interacción constante con diversas fuentes de información, actores sociales y niveles de gobierno.
“Las reuniones presenciales facilitan la interlocución con organizaciones civiles, académicos, representantes de pueblos y comunidades, sectores productivos y ciudadanía en general, favoreciendo un proceso legislativo más inclusivo y representativo”.
El trabajo presencial enriquece
En este sentido, comentó que el trabajo en comisiones, cuando se realiza de forma presencial, enriquece la calidad técnica y social de las leyes, al incorporar voces diversas en un entorno de diálogo real.
Además, puntualizó que la ciudadanía tiene el derecho de conocer de manera directa y verificable la actuación de sus representantes, el desarrollo de los debates y la forma en que se construyen las decisiones.
Añadió que las sesiones presenciales, transmitidas por los canales institucionales, garantizan una mayor visibilidad y trazabilidad de las intervenciones, evitando los riesgos de suplantación de identidad, problemas técnicos o falta de control en la emisión del voto que podrían presentarse en sistemas remotos.
Por último, dijo que el fortalecimiento de la presencia parlamentaria es, en última instancia, una defensa de la democracia misma, entendida no solo como un régimen de leyes, sino como un espacio vivo de encuentro, diálogo y compromiso entre quienes ejercen el poder y quienes los eligen.
