A fin de que pacientes con cáncer reciban tratamiento sin interrupciones, acceso garantizado a medicamentos oncológicos y seguimiento clínico oportuno, ya sea en el sector público o en hospitales privados, la diputada panista, Claudia Quiñones Garrido, presentó una iniciativa para modificar la Ley General de Salud.
La propuesta de la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) establece que cuando las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud no puedan brindar el tratamiento dentro de los 21 días posteriores al diagnóstico, ya sea por falta de medicamentos o capacidad, deberán autorizar y cubrir la atención en hospitales privados para pacientes con cáncer.
Convenios con prestadores privados
La iniciativa, turnada a la Comisión de Salud, plantea que la Secretaría de Salud firme convenios con hospitales privados para pacientes con cáncer, que incluyan un tabulador regulado, criterios de calidad y mecanismos de seguimiento clínico.
Además, prevé que en los artículos transitorios la dependencia, junto con el Instituto Nacional de Cancerología y otras autoridades, trabajen en coordinación con el Registro Nacional de Cáncer para garantizar trazabilidad y control de los tratamientos.
Quiñones Garrido argumentó que la reforma busca hacer efectivo el derecho humano a la salud, reconocido en tratados internacionales ratificados por México.
Recordó que dichos instrumentos establecen que toda persona debe tener acceso oportuno a servicios médicos eficaces.
La legisladora citó también las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que exige a los Estados garantizar acceso equitativo al diagnóstico y tratamiento del cáncer, destacando que cada semana de retraso disminuye las probabilidades de supervivencia.
Es una prioridad, desde un enfoque de equidad y justicia de salud
Señaló que el impacto epidemiológico y económico del cáncer obliga a colocarlo como una prioridad desde un enfoque de equidad y justicia en salud.
Por ello, considera indispensable implementar medidas costo-efectivas que aseguren diagnóstico y tratamiento oportunos, así como activar la capacidad del sector privado con hospitales privados para pacientes con cáncer, ante fallas del sistema público.
La diputada recordó que en México, aunque el cáncer de mama es la primera causa de muerte por esta enfermedad, sólo 3% de las mujeres atendidas en el Instituto Nacional de Cancerología (INCan) inició tratamiento antes de tres meses y 63% lo hizo después de seis meses.
También subrayó que atender a un paciente en fases avanzadas cuesta al erario un promedio de 729 mil 670 pesos anuales, mientras que detectarlo a tiempo reduce el costo a 195 mil pesos y eleva en 57% las probabilidades de éxito.
Finalmente, dijo que de aprobarse, la reforma permitiría salvar vidas, reducir costos a largo plazo y garantizar el ejercicio pleno del derecho a la salud sin distinción.
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