El Senado aprobó por unanimidad una reforma para el sector ferroviario nacional, cuyo objetivo central es recuperar el control del Estado sobre esta infraestructura estratégica.
Con 107 votos a favor se avaló este dictamen y se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales, y entre los aspectos más destacados está la creación de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI).
El ATTRAPI es un nuevo organismo público descentralizado con autonomía técnica y de gestión, que coordinará y fomentará el desarrollo del transporte ferroviario y multimodal en el país.
Cambios a gama de leyes
Las modificaciones alcanzan a una amplia gama de leyes:
- Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario
- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
- Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal
- Ley de Vías Generales de Comunicación y la Ley General de Bienes Nacionales
La reforma responde a la necesidad de modernizar la red ferroviaria mexicana, considerada insuficiente para atender los desafíos de movilidad y conectividad del siglo XXI.
Limita potencial
Actualmente, el transporte ferroviario representa apenas el 19% del volumen total del transporte terrestre, situación que limita su potencial logístico, económico y ambiental.
La reactivación del transporte de pasajeros y la expansión de rutas en distintas regiones se consideran estratégicas para dinamizar el mercado interno, generar empleos y detonar el desarrollo regional.
Uno de los cambios más significativos introducidos por el nuevo marco legal es la facultad del Estado para asignar directamente a empresas públicas los proyectos ferroviarios de carga y pasajeros.
Propiedad y operación del Estado
Esto marca un giro respecto al esquema anterior, basado en concesiones privadas, y busca garantizar que la infraestructura construida permanezca bajo propiedad y operación estatal.
Dichas asignaciones serán indefinidas, no transferibles y los bienes desarrollados pasarán automáticamente a formar parte del patrimonio nacional, incluidos patios de maniobra, estaciones y centros logísticos.
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Las reformas no solo consolidan el papel del Estado como planificador y operador, sino que también fortalecen sus capacidades regulatorias.
Nuevas atribuciones
La Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario adquiere nuevas atribuciones para imponer sanciones tanto a concesionarios como a quienes operen bajo asignaciones, permisos o autorizaciones.
Las sanciones abarcan desde la revocación por inactividad, cesión indebida de derechos o cambio de nacionalidad, hasta penalizaciones por prácticas anticompetitivas, tarifas no registradas o incumplimiento de indemnizaciones.
Esta armonización normativa pretende consolidar una visión integral y de largo plazo en materia de movilidad, sustentabilidad y desarrollo económico.
Fortalece corredor industrial y automotriz
El senador del PAN, Agustín Dorantes, respaldó la reforma en especial la obra del tren México-Querétaro y Querétaro al norte del país como factor que fortalece el corredor industrial y automotriz.
También dijo que se apoya el desarrollo social, de generación de empleo.
Sin embargo, el panista advirtió que se debe garantizar que esta reforma no termine con obras faraónicas como el llamado Tren Maya, con contratos a modo a amigos y familiares del régimen.
“El Tren Maya, un proyecto que prometía ser un motor de desarrollo para el sureste, terminó costando 505 mil millones de pesos, un sobrecosto del 240% respecto a su estimación inicial”, recordó.
Intercomunicar diferentes entidades
Por Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales destacó que el fortalecimiento del sistema ferroviario puede intercomunicar las diferentes entidades en nuestro país.
Precisó que es una alternativa menos contaminante, más eficiente en el traslado de personas y también de mercancías.
“La creación de la ATTRAPI, como organismo público descentralizado, representa una inmejorable oportunidad para que se encargue precisamente de la administración y operación del Tren Maya y del Tren Interoceánico”, enfatizó.
