Comisión de Justicia de los diputados avala la ley de la Guardia Nacional que confirma su paso a la Sedena
La nueva Ley de la Guardia Nacional aprobada en comisiones de la Cámara de Diputados formaliza la integración plena de esa corporación a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Mientras Morena defiende la medida como una “profesionalización”, PRI, PAN y expertos alertan sobre un giro hacia un Estado de corte militar que pone en riesgo los derechos civiles.
En la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, el dictamen que crea la nueva Ley de la Guardia Nacional, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, fue aprobado con 22 votos a favor, 7 en contra y 2 abstenciones. Con ello, se consolida la subordinación operativa y administrativa de la Guardia Nacional a la Sedena, y se modifican ocho leyes secundarias para reglamentar la reforma constitucional de septiembre de 2024.
La reforma establece que la Guardia será una fuerza armada permanente, con estructura militar: jerarquía, grados, ascensos, educación y fuero castrense, bajo mando directo de la Sedena. La abrogación de la ley de 2019 elimina órganos civiles de control, como los Consejos de Carrera o Disciplina.
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— H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) June 18, 2025
Oposición alerta sobre militarización y vigilancia excesiva
Diputados priistas, como Emilio Suárez, Arturo Yáñez y Alejandro Domínguez, advirtieron que esta reforma prioriza la militarización sobre el fortalecimiento de la policía civil y que abre la puerta a la vigilancia en internet y comunicaciones ciudadanas. Consideran que dicha facultad representa un riesgo para las libertades democráticas.
El PAN, con legisladores como Margarita Zavala, José Guillermo Anaya y César Damián Retes, coincidió en que no se trata de seguridad pública sino de un modelo militarizado. Destacaron posibles inconstitucionalidades y afirmaron que la situación exige paz, pero no a costa de usar a las fuerzas armadas como policía.
Morena defiende como profesionalización, no militarización
El morenista Leonel Godoy Rangel negó que el país se esté militarizando. Aseguró que el personal militar recibirá formación policial y que la Guardia seguirá colaborando con el Ministerio Público, las autoridades penitenciarias y administración de justicia, conforme al artículo 21 constitucional.
Por su parte, Hugo Eric Flores justificó la reforma señalando que PAN y PRI no tuvieron la “valentía” para crear una institución sólida de seguridad pública; en cambio, esta medida sí lo hará.
Contexto histórico y repercusiones concretas
La reforma constitucional de septiembre de 2024, avalada en la Cámara de Diputados con 362 votos a favor y 133 en contra y en el Senado con 86 a favor y 42 en contra, estableció como permanente y militar a la Guardia Nacional, eliminando su carácter civil. Para su constitucionalidad, fue ratificada por 26 congresos locales, tras lo cual fue publicada en el Diario Oficial el 30 de septiembre.
Expertos en derechos humanos han advertido, incluso desde la ONU, que este giro militar podría agravar violaciones como detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, al ampliar las atribuciones del Ejército en investigaciones civiles.
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¿Qué sigue y qué está en juego?
El dictamen avanza ahora al Pleno de la Cámara de Diputados, donde se prevé reconocimiento final. Una vez aprobado, la reforma entrará en vigor tras su publicación en el Diario Oficial, activando la nueva Ley de la Guardia Nacional.
Sin embargo, la disputa sigue abierta. La oposición insiste en que se fortalezca la seguridad pública mediante policías civiles, transparencia, controles democráticos y estrategias profesionales; mientras, Morena y la Sedena sostienen que solo así se podrá restaurar el orden y combatir la criminalidad.
