En 2024, la Ciudad de México tiene la oportunidad de hacer historia y convertirse en la primera entidad del país en retirar el aborto del Código Penal, permitiendo que se le regule a través del sistema de salud, como el resto de servicios generales, incluyendo los de salud reproductiva.
Así lo afirmó la subdirectora de Incidencia de Ipas Latinoamérica y el Caribe (Ipas LAC), Fernanda Díaz de León, quien confía en que el Congreso de la Ciudad de México discuta el dictamen para retirar el aborto del Código Penal y así dar a mujeres y profesionales de salud un marco libre de estigmas y discriminación, y la certeza de que no se les criminalizará.
Díaz de León destacó que acompañan técnicamente la iniciativa organizaciones de la sociedad civil expertas en justicia reproductiva, como Ipas LAC, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB), Balance A.C., Equidad, Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser), y Católicas por el Derecho a Decidir (CDD).
La eliminación del aborto del Código Penal asegura que nadie más sea criminalizado por decidir sobre su cuerpo 💚. Confiamos en que el @Congreso_CdMex discuta este paso clave para regular el aborto desde el sector salud. #FueraAbortoDelCódigoPenal #CDMX pic.twitter.com/XUosI3RIfh
— Ipas México (@IpasMEX) November 7, 2024
Impacto de la interrupción legal del embarazo (ILE) en la CDMX
En una conferencia de prensa en la sede legislativa de Allende y Donceles, la activista recordó que en 2007 la capital del país marcó un hito en derechos reproductivos al convertirse en la primera entidad en despenalizar el aborto a solicitud de quien lo requiriera. Indicó que el aborto es el único servicio de salud históricamente regulado por el derecho penal.
“Abordar el aborto como lo que realmente es, un servicio de salud, contribuye a erradicar el castigo social hacia quienes interrumpen un embarazo, además de que facilita la operación de los servicios y brinda certeza al personal de salud en cuanto a su marco de acción”, refirió Fernanda Díaz.
OMS, referente en el servicio de aborto
La Organización Mundial de la Salud (OMS), principal referente internacional para implementar servicios de salud basados en evidencia científica, establece en sus directrices (2022) que un entorno propicio para ofrecer atención de calidad es fundamental para la salud de las mujeres.
Esto incluye:
- Evitar la criminalización en la regulación del aborto, pues la evidencia indica que criminalizar el aborto no reduce su número, sino que incrementa la mortalidad y morbilidad materna.
- Garantizar el aborto voluntario sin establecer límites rígidos de edad gestacional, ya que hacerlo propicia el aborto inseguro en poblaciones vulnerables.
Díaz de León añadió que en los 17 años de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en CDMX, no se ha registrado ni una muerte en los servicios brindados por el programa público, lo cual evidencia su éxito como política pública de derechos reproductivos.
De abril de 2007 a junio de 2024 se realizaron 277,268 procedimientos gratuitos de ILE, de los cuales ocho de cada diez se llevaron a cabo de manera ambulatoria con medicamentos, según el Reporte de ILE en Clínicas de primer nivel de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.
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Beneficios de retirar el aborto del Código Penal
La subdirectora de Ipas LAC indicó que la regulación de la ILE en normativas y protocolos del sector salud facilitará la operación de los servicios y ofrecerá certeza al personal de salud en cuanto a su marco de acción. Además, evitará que las personas que abortan y quienes las acompañan sean criminalizados por garantizar el servicio.
La regulación en el marco sanitario permitirá destinar presupuesto, personal e insumos estatales necesarios para garantizar la prestación del servicio en condiciones seguras y de calidad. También facilitará un entorno propicio para la atención de calidad del aborto, como lo establece la OMS, poniendo en el centro las necesidades de salud de las personas antes, durante y después del aborto.
Díaz de León concluyó que, aunque la legalización es un avance importante, debe ir acompañada de programas de educación sexual integral, especial atención a la violencia sexual en niñas y adolescentes, planificación familiar, acceso a métodos anticonceptivos, y un enfoque en la autodeterminación reproductiva.
