El coordinador de Morena en la Cámara de Diputado, Ricardo Monreal Ávila, impulsa una iniciativa que busca proteger a consumidores de servicios digitales y que cuenten con herramientas claras para exigir sus derechos en la contratación y cancelación electrónica de suscripciones, membresías y servicios automatizados.
En tribuna, el diputado morenista propuso adicionar las fracciones VIII y IX al artículo 76 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Explicó que se busca establecer que el proveedor deberá informar de forma clara, destacada y accesible si el servicio implica pagos automáticos recurrentes, periodicidad, monto y fecha de cobro.
Cobro recurrente
Ricardo Monreal agregó que cualquier cobro recurrente requerirá consentimiento expreso e informado del consumidor.
Además, el presidente de la Junta de Coordinación Política señaló que se deberá notificar al menos con cinco días naturales de anticipación la renovación automática del servicio, permitiendo su cancelación sin penalización.
Precisó que el proveedor deberá implementar un mecanismo que, sin contravenir las disposiciones contractuales, permita a la persona consumidora cancelar el servicio, suscripción o membresía de manera inmediata.
Una reforma oportuna
Ricardo Monreal detalló que la reforma es oportuna, ya que en los últimos años, el desarrollo e innovación de las tecnologías de la información y comunicación revolucionaron de una forma inédita todos los procesos de la vida cotidiana.
Mencionó que ese desarrollo abarcó desde el estudio, el trabajo, la comunicación e interacción social, hasta replantear la naturaleza del comercio.
Subrayó que de acuerdo con un informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geográfica (INEGI) se estima que en México existen alrededor de 100.2 millones de personas usuarias de Internet, lo que equivale al 83.1% de la población de 6 años y más.
Los beneficios de la digitalización
Expuso que este proceso de digitalización trajo como beneficios la inmediatez, comodidad y la experiencia de consumo en favor de las personas usuarias, así como el aumento en la productividad y la competitividad de las empresas y prestadores de servicios por medios tecnológicos.
Sin embargo, consideró que estos procesos revelan importantes desafíos de la relación entre proveedores y consumidores, así como de la necesidad de generar un marco normativo más robusto en la materia.
«El uso generalizado de contratos de adhesión, algoritmos automatizados de cobro y políticas unilaterales de uso o cancelación, ha generado nuevas dinámicas marcadas por la opacidad, la complejidad y, en muchos casos, por la desigualdad entre las partes», expuso.
Respeto al consumidor
Por ello, afirmó que el respeto, protección y garantía de los derechos del consumidor se vuelven pilares fundamentales para consolidar una economía digital que sea no solo eficiente, sino justa, equitativa y transparente.
Menciona que, si bien los derechos y obligaciones de los consumidores se encuentran regulados en la Ley Federal de Protección al Consumidor, no se cuenta con un marco jurídico robusto en materia de contrataciones de servicios, suscripciones y membresías de cobro recurrente.
«Indispensable establecer límites claros que protejan los datos personales y aseguren que los usuarios puedan ejercer control pleno sobre las decisiones de los productos», consideró.
También añadió que se pueda establecer obligaciones específicas para los proveedores de servicios digitales, a fin de asegurar prácticas justas, el acceso a información veraz, comprensible y mecanismos eficaces para la cancelación.
