Con la advertencia de la oposición sobre el riesgo a la privacidad de personas, sindicatos y dirigentes, la noche de este miércoles Morena y sus aliados del PT y PVEM en el Senado avalaron, en lo general y en lo particular, la reforma conocida como Ley Antilavado.
El pleno senatorial avaló con 74 votos a favor, 13 en contra y 19 abstenciones el dictamen, que prevé vigilar a servidores públicos, considerados Personas Políticamente Expuestas (PPE) hasta a quienes estén relacionados con ellos.
De esta forma se reformó y derogó diversas disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como Ley Antilavado,
¿Qué define esta Ley Antilavado?
- Las secretarías del Trabajo, en sus ámbitos federal y local, deberán entregar datos sobre los sindicatos y sus dirigentes.
- Una adición al artículo 51 de la ley establece que las instituciones públicas deberán entregar a Hacienda toda la información, documentación e imágenes requeridas en el ejercicio de sus funciones, sin reservas.
- Se elimina la obligación del Ministerio Público de demostrar dolo específico para sancionar a sujetos obligados que proporcionen información falsa o alterada en avisos de actividades vulnerables, facilitando así el combate a la evasión.
Modifican el Código Penal
También se hacen modificaciones a los artículos 11 Bis y 400 Bis del Código Penal Federal.
Asimismo, se obliga a partidos políticos y sindicatos a notificar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) si detectan posibles operaciones de blanqueo de capitales, sin importar si vulnera su privacidad.
El Instituto Nacional Electoral (INE) proporcionará a Hacienda información sobre partidos, coaliciones y candidaturas.
Vigilancia financiera
La reforma amplía significativamente el marco de vigilancia financiera al incorporar como Personas Políticamente Expuestas:
- Legisladores
- Integrantes de órganos autónomos
- Juzgadores
- Fiscales
- Policías
- Secretarios de Estado
Así como a todo tipo de servidores públicos de los tres niveles y poderes de gobierno.
Listado normativo de personas
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) será responsable de elaborar y mantener actualizado un listado nominativo de las personas clasificadas como PPE.
La SCHP podrá solicitar directamente información financiera y patrimonial a las entidades públicas sin requerir orden judicial.
Las dependencias federales, estatales, municipales y órganos autónomos deberán enviar sus respectivos listados a Hacienda.
Monitorea operaciones financieras
Además, la reforma obliga a monitorear intensivamente las operaciones financieras de las PPE, sobre todo en actividades de alto riesgo como:
- Casinos
- Joyerías
- Compraventa de bienes raíces
- Automóviles
- Obras de arte
- Préstamos
- Donativos
- Actividades vulnerables
Las instituciones deberán implementar manuales y sistemas automatizados de seguimiento.
Esta reforma buscas cumplir compromisos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), evitar sanciones internacionales y asegurar la transparencia y legalidad del sistema económico nacional.
Mayores facultades a UIF
Entre las consideraciones más relevantes del dictamen, está que se otorgan mayores facultades a la Unidad de Inteligencia Financiera.
Lee: Oposición alerta sobre vigilancia excesiva con Ley Antilavado
La UIF será reconocida como víctima en casos de lavado de dinero cuando se utilicen instituciones del sistema financiero.
Se permitirá a la UIF participar activamente en investigaciones y procesos penales, junto a la Fiscalía General de la República (FGR).
La FGR deberá notificar a la UIF cuando detecte operaciones sospechosas para fortalecer las denuncias, ejercer acción penal y rastrear redes criminales.
Combate a delincuencia
Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia y senador de Morena, defendió la iniciativa al asegurar que fortalece la capacidad del Estado para combatir la delincuencia económica, el lavado de dinero y la impunidad.
Afirmó que se trata de una reforma responsable que busca garantizar la estabilidad del sistema financiero mexicano, cumplir con estándares internacionales y proteger la economía nacional.
“Constituye una herramienta indispensable para enfrentar los desafíos que México enfrenta en materia de inseguridad, impunidad y financiamiento a las redes criminales de alto impacto”, aseguró.
Uso discrecional
Desde Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales expresó su preocupación por el uso discrecional y nuevas facultades que se otorgarían a la UIF.
Agregó que especialmente la posibilidad de acceder a datos personales y financieros sin orden judicial.
También cuestionó la ambigüedad de la definición de «personas políticamente expuestas» y el riesgo de que se vigile a sus allegados y trabajadores.
Advirtió que esta reforma puede convertirse en un «boomerang» contra quienes hoy la impulsan.
Persigue a sectores vulnerables
Por el PRI, Claudia Anaya acusó que la reforma persigue a sectores vulnerables e informales más que al lavado de dinero propiamente dicho.
Señaló que se reducen los umbrales para que ciertos movimientos financieros en efectivo sean considerados sospechosos, afectando a pequeños negocios, asociaciones religiosas y ciudadanos sin actividad empresarial formal.
Criticó que mientras se endurece la fiscalización a los ciudadanos, el gobierno no ha actuado contra bancos señalados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunto lavado de dinero.
Vulnera privacidad
Del PAN, Guadalupe Murguía calificó como grave que la Secretaría de Hacienda pueda acceder sin orden judicial a información financiera, personal y digital de cualquier ciudadano.
Dijo que esta facultad vulnera la privacidad y derechos fundamentales de las personas.
Indicó que la reforma impone mayores cargas a los pequeños negocios al exigirles más recursos y capacitación sin garantizar el debido resguardo de datos.
La minuta de esta reforma legislativa se remite a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.
