La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó una resolución del 8 de junio de 2022 del extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que ordenó a la Presidencia de la República entregar a un particular la versión pública sobre información de almirantes y vicealmirantes.
También se incluyen datos de capacitación y adiestramiento de personal de la Secretaría de Marina (Semar), al considerar que gran parte de esta información ya era pública en comunicados oficiales y notas periodísticas.
Revés a recurso sobre seguridad
La autollamada nueva Corte dio un revés a un recurso de revisión sobre seguridad nacional de la Consejería Jurídica de la Presidencia, interpuesto por la hoy ministra María Estela Ríos González, quien fue declarada legalmente impedida de participar la discusión del asunto.
Con ocho votos a favor el pleno de la SCJN dio luz verde a una resolución del 8 de junio de 2022 del extinto INAI, que ordenó la entrega a un particular la versión pública de 15 oficios con nombres y adscripciones de almirantes y vicealmirantes.
La Presidencia impugnó esa decisión bajo el argumento de que su difusión ponía en riesgo la seguridad nacional y debía reservarse, pero la Corte consideró infundadas esas posiciones al discutir el proyecto elaborado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf.
Hecho incontrovertible
En su proyecto la ministra Loretta Ortiz Ahlf señaló que no comparte la idea de que se advierta un riesgo a la seguridad nacional en este caso concreto.
“En este asunto debemos partir de un hecho incontrovertible, toda, toda la información contenida en los oficios ya es del dominio público e incluso en la mayoría de los casos fue publicada por las mismas autoridades”, expuso.
Recordó que dos personas pidieron información a la Fiscalía General de la República (FGR) sobre nombres de funcionarios que participaron en una controversia de 2019, que incluye puestos, direcciones laborales y salarios de dos funcionarias.
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Niegan entrega de información
El documento de la ministra señaló que la FGR negó la entrega, ya que los datos eran reservados por motivos de seguridad.
Por eso los solicitantes recurrieron ante el ahora extinto INAI, que resolvió que la FGR debía entregar la información.
La FGR promovió 3 controversias constitucionales, argumentando que hacer pública la información ponía en riesgo al personal y el trabajo de la institución.
¿Qué resolvió la SCJN?
Ante esa situación, el pleno de la SCJN aprobó los tres proyectos para proteger tanto el derecho de acceso a la información como la labor de la Fiscalía.
También invalidó la orden del INAI de entregar nombres de personal que tuvo acceso a documentos sensibles. Publicar esta información podía poner en riesgo a esas personas e impactar la seguridad pública.
Además, las ministras y los ministros reconocieron la validez de la orden de entregar información que ya era pública (nombres, cargos, salarios). Esta no comprometía las funciones de la FGR.
¿Por qué es importante?
Estas sentencias crean una metodología para futuros casos. Ayudarán a decidir, caso por caso, si la información se debe revelar o reservar.
Esto contribuirá a garantizar la transparencia y a fortalecer el derecho de acceso a la información, indispensables en una sociedad democrática.
